SANTIAGO.- El abogado querellante en el caso Caval, Mario Zumelzu, solicitará hoy al fiscal regional de O'Higgins Luis Toledo, que cite a declarar al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, al senador Guido Girardi, al ex ministro de Educación, Sergio Bitar, y al embajador de Chile en Italia, Fernando Ayala.
Esto tras conocerse la tercera declaración que prestó Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta de la República Michelle Bachelet, en la investigación del caso Caval, en los próximos días se deberán definir nuevas diligencias.
"El Mercurio" detalla que en su edición de este miércoles, que el representante del cientista político Diego Acevedo solicitará hoy esta diligencia para aclarar el conocimiento anterior que tuvieron estas autoridades acerca del caso Caval, de acuerdo a la versión que entregó Sebastián Dávalos a la fiscalía.
"Lo que sí queda claro con esto es que Bachelet tenía conocimiento con anterioridad del negocio, porque no resulta creíble que su entorno familiar, Dávalos-Compagnon; su entorno político -el ministro del Interior- no le dijeran nada".
Agregó que las declaraciones del hijo de la Presidenta de la República apuntan a que "hay una conspiración política en el Palacio de La Moneda en contra de él; señala que tanto el ministro del Interior (Rodrigo Peñailillo) como otras personas vinculadas a él (G-90) tenían conocimiento del negocio de Caval desde antes. Él dice que ellos se guardaron la información para entregarla y para que apareciera con ribetes de escándalo en algún minuto que fuera conveniente. El minuto conveniente era en forma previa a que salieran los antecedentes de SQM, que vinculaban a la gente de la Nueva Mayoría", dijo.
Para Zumelzu, es importante conocer la versión de Peñailillo, porque él "fue el recaudador de la campaña de la Presidenta".
Delito informático
Mientras que para el otro querellante del caso, Eduardo Riquelme -que representa a los diputados RN, Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards - ,Dávalos en su declaración "confesó que él dio una orden directa para eliminar la información desde su computador de La Moneda (cuando era director Sociocultural de la Presidencia), información que era pública, por lo cual se podría configurar el delito informático".
