SANTIAGO.- Una propuesta para derogar la Ley Reservada del Cobre, es la que presentará el ministerio de Defensa durante el año 2016.
Así lo anunció en entrevista con
“El Mercurio”, el titular de la cartera, José Antonio Gómez, quien agregó que la iniciativa ya está siendo estudiada con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tras los cuestionamientos surgidos por el grave caso del millonario fraude en el Ejército con platas de esa normativa.
La situación generó incluso la creación de una comisión investigadora en el parlamento, a cuya primera sesión asistió Gómez junto al comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, para tratar el tema con los diputados.
El caso se detectó en abril de 2014 por parte del Ejército -que remitió los antecedentes a la justicia militar y se inició un sumario interno-, y este año se hizo conocido.
Las irregularidades, según explicaron, se iniciaron en el denominado Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), un área que se preocupa de la capacidad operacional del Ejército, donde un individuo generaba enlaces con proveedores para solicitar facturas por servicios no prestados.
Ambos, Gómez y Oviedo, coincidieron frente a los diputados en que se perseguirá a todo aquel que esté involucrado y que habrá transparencia en la entrega de información a los tribunales.
-Estando en la comisión de Defensa el miércoles, usted hizo hincapié en que habrá transparencia total respecto del caso. ¿En qué se traducirá esa afirmación?
-Cuando el ministro Burgos era ministro de Defensa se hacen las denuncias, y se dan instrucciones de dar transparencia total respecto a la entrega de información y de derivar a la justicia militar, al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado todos los antecedentes.
Instruimos buscar la información que sea necesaria para que la investigación avance y se descubra esta red que eventualmente existía en esta área de la institución, que fue defraudada. Lo que decimos es que este fue un grupo de delincuentes que defraudó al Ejército. Y vamos a colaborar para que si existen más involucrados, sean descubiertos lo antes posible y colaborar al máximo en esa materia.
-Tanto usted como el comandante en jefe del Ejército, el general Humberto Oviedo, trataron de separar aguas de los involucrados señalando que se trata de delincuentes.
-Este no es un fraude del Ejército. Es un fraude al Ejército y a los chilenos, con recursos que son públicos. Por lo tanto, en ese sentido soy muy claro. Quienes han sido responsables han sido destituidos, la mayoría de los involucrados están presos. Lo que hemos dicho es que no va a haber protección a nadie. Si de la investigación y de los antecedentes que se recopilen surgen nuevos responsables, van a ser llevados a la Justicia y vamos a instar para que se les aplique el rigor de la ley.
-Usted señaló que "todos los que están en la justicia militar están presos y los que están en la justicia civil están libres". ¿Deberían agilizarse los procesos en la justicia civil?
-Yo hice la observación porque un diputado señaló que había impunidad. Lo que yo señalaba es que en el ámbito de la justicia militar esta ha sido muy rigurosa en la aplicación del proceso. Y yo diría que hay personas que llevan más de un año tres meses detenidas a consecuencia de este hecho. En el caso de la justicia civil, no porque sea más lenta o rápida, no existen personas que estén privadas de libertad. Lo que yo dije es que no había que pensar que la justicia militar había sido permisiva con la investigación. Al revés.
-Parlamentarios señalaban en la comisión que les extrañaba que los únicos que han sido juzgados hasta ahora sean un coronel, un cabo y tres suboficiales...
-Aquí se ha hecho una investigación y todavía sigue. No es que se haya terminado y que se aplicó la sanción o sentencia. Hay una investigación, y si hay más involucrados, cualquiera sea el rango, se va a aplicar la ley.
-El diputado PC Guillermo Teillier señaló que eventualmente aquí podría haber un círculo de protección mayor.
-No es posible que exista un círculo de protección, por lo que han señalado el ministro de Defensa y el comandante en jefe del Ejército. Los antecedentes que se han recopilado han sido entregados todos, absolutamente todos, a la justicia. Ahora, cómo se lleva el proceso en la justicia, es un tema de ellos, no de nosotros. No existe ninguna posibilidad desde la institucionalidad de que se pueda pretender generar un manto de protección a nadie.
-Esta defraudación se indaga, por lo que usted señaló ante los parlamentarios, por cuatro años, entre 2011 y 2014. ¿Cómo es que no funcionaron los mecanismos de control por tanto tiempo?
-La explicación la dijo claramente el comandante en jefe. Aquí hay quiebres de control importantes que no se llevaron a cabo. Se relajó el control a las personas. Lo que se corrigió ahora, y existe un sistema de investigación que se está haciendo. A cada persona que tiene vinculación con los recursos se le revisa la totalidad de su accionar económico, en qué condiciones está, si tiene bienes que no le corresponden a su sueldo, etc.
-¿Se ha descartado que proveedores que participaron en este caso puedan haber tenido parte en contratos con otras ramas de las Fuerzas Armadas?
-Se ha descartado. Por lo que me han informado, no existen defraudaciones en las otras ramas. Me refiero a la Armada y a la Fuerza Aérea.
-El comandante en jefe habló de las facturas y dijo que eventualmente podría llegar a ser una defraudación de $6.600 millones en caso de que todas las facturas de ese período fueran falsas. ¿Hay alguna estimación de cuánto podría ser el daño causado al Ejército?
-Los órganos judiciales, la Fiscalía Militar y el Ministerio Público han pedido información, y lo que hemos hecho es entregarles todas las facturas, y ellos son los que van a determinar en ese rango de $6.600 millones y de 2.367 facturas cuáles son falsas y cuáles no. Pero el volumen y la cantidad de recursos no lo podría decir. Por eso, el comandante en jefe habló del máximo de las facturas entregadas.
"Hay áreas que no tenemos para qué mantener en secreto"
-Usted dijo en la comisión que hay muchas informaciones respecto del Ejército que aparecen como reservadas que no deberían serlo. ¿A qué tipo de información se refiere?
-Por ejemplo, este mismo caso. Aquí estamos hablando de recursos que se utilizan en reparación. ¿Qué de secreto puede tener eso? Sin embargo, como hay una ley que establece un secreto máximo para pertrechos militares, está involucrado. Entonces, lo que estoy revisando es cómo hacemos para que los recursos que se requieran para determinadas áreas entren al presupuesto normal de FF.AA. y no entren a esta área de secreto. Diferentes son los sistemas de armas y otras temáticas que sí requieren secreto.
-Algunos parlamentarios han solicitado que se derogue la Ley Reservada del Cobre. ¿Está de acuerdo?
-El programa de gobierno habla de un cambio a la Ley Reservada del Cobre. Obviamente, el sistema de financiamiento requiere de una modificación. En lo que sí hay que ser claro es que las FF.AA. necesitan que exista un sistema de financiamiento que no las haga competir con la construcción de hospitales o con la educación. El país necesita un financiamiento asegurado para la defensa del país. Y es importante que la opinión pública sepa que gran parte de esos recursos van en beneficio del país. Hay una definición de que las Fuerzas Armadas actúen de manera polivalente. Cuando hay terremotos, aluviones o tsunamis, ocupamos todo el material que tenemos para atender las emergencias.
-Es decir, financiamiento a largo plazo.
-El financiamiento nos tiene que permitir tener la planificación de aquí al 2026 y que sea lo más transparente posible. Y hay áreas que no tenemos para qué mantener en secreto. Si compráramos F-16 se va a saber aquí y afuera. Hay otras áreas de mayor secreto, pero la mayoría de las compras...
-¿Cuáles deberían mantenerse en secreto?
-Temas que no puedo mencionar, pero que requieren de un control más riguroso. Pero, por ejemplo, si compramos tanques Leopard, F-16 o submarinos, obviamente que son adquisiciones que se conocen y se saben. Por lo tanto, uno puede ser más abierto en la discusión en el Parlamento, en términos de la transparencia que podamos tener.
-¿Se puede esperar que para 2016 venga una propuesta de derogación de la Ley del Cobre?
-Sí, lo vamos a hacer. De hecho, lo estamos apurando. Lo que pasa es que las circunstancias y contingencias nos demoran. Porque estuvimos en todo el proceso de discusión del Presupuesto, la educación... Pero yo he conversado claramente con el ministro de Hacienda y vamos a sentarnos a conversar sobre el tema y después le llevaremos la propuesta a la Presidenta de la República, quien va a decidir. Estamos trabajando en una propuesta que está previsto presentar en 2016.
-¿Podría desembocar en qué tipo de medidas?
-Creo que lo fundamental para nosotros es que exista presupuesto asegurado. Que podamos planificar. Todos estos procesos son de larga data. Se pueden demorar 10 años en concretarse. En esta lógica de planificación de aquí al 2026, nosotros deberíamos tener asegurados los recursos para poder adquirir los compromisos.
-¿Y qué tipo de detalles están discutiendo con Hacienda?
-Estamos trabajando en una mesa con Hacienda, porque estamos analizando temas que para ellos son técnicamente importantes. Los presupuestos plurianuales, lo que significa el fondo de contingencia, una serie de temas que para Hacienda desde el punto de vista financiero son importantes.
