Mauricio Valero será formalizado por soborno el próximo 29 de enero en Rancagua.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El fiscal regional de O´Higgins, Luis Toledo, solicitó audiencia para formalizar a las primeras nueve personas en el marco del denominado caso Caval.
Se trata del socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero Illanes, a quien el Ministerio Público le imputará el delito de soborno.
Junto a él, la Fiscalía le comunicará a Herman Chadwick Larraín que es investigado por soborno y por su participación en calidad de cómplice en actos que tienen relación con ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.
Lo mismo le será atribuido a Juan Gregorio Díaz Sepúlveda, mientras que a Jorge Silva Menares y a Marisol Navarrete se les imputará por cohecho en calidad de autor y cómplice, respectivamente.
Cynthia Ross, en tanto, será formalizada por cohecho, y en el caso de Pablo Ovalle Andrade y Daniel Huerta Cordero, los cargos por los cuales serán formalizados corresponden a hechos de prevaricación y por su calidad de encubridores en ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.
Este último delito también le será atribuido a Andrés Orchard Vergara, mientras que a la Sociedad Exportadora y Gestión Caval Limitada -representada por Valero- se le formalizará por soborno.
Todo ello se concretará en la audiencia programada por el Juzgado de Garantía de Rancagua para el próximo 29 de enero de 2016.
Dávalos y Compagnon no figuran en la lista de los formalizados
La solicitud del Ministerio Público no incluyó entre los primeros formalizados al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet -Sebastián Dávalos- y a su mujer, Natalia Compagnon, quien es dueña del 50% de la empresa Caval.
Ambos, sin embargo, fueron citados en calidad de imputados en la investigación que además persigue presuntos delitos de negociación incompatible, violación de secreto y tráfico de influencias.
Lo anterior, luego que se iniciara una causa penal por presuntas irregularidades cometidas en la compra de terrenos en Machalí por parte de la empresa Caval, ya que de acuerdo a los primeros antecedentes, la firma en cuestión habría adquirido los fundos apostando al cambio en el plan regulador que se efectuaría en el sector, el cual aumentaría considerablemente el valor de los terrenos.
Dichos paños fueron comprados a través de la entrega de un crédito por $6.500 millones otorgado por el Banco de Chile, aún cuando la empresa sólo contaba con un capital inicial de $6 millones.
Posterior a ello, fueron vendidos por $9.500 millones a la empresa Silca, que acusó de estafa a Caval, pero dicha causa no prosperó.
