SANTIAGO.- Hasta última hora han estado trabajando los diputados de la comisión investigadora Caval en el informe que esta tarde votarán y que contendrá las conclusiones de su trabajo, documento que, hasta ahora, sería único, tras los acuerdos entre la Nueva Mayoría y de Chile Vamos.
Respecto al informe, el presidente de la comisión, Gabriel Silber (DC), comentó que "estamos en una etapa muy avanzada de aquello y hemos trabajado el fin de semana en esta tarea, estamos intercambiando borradores pero con el genuino ánimo de llegar a un sólo informe como comisión investigadora".
El diputado aseguró que en el texto "vamos a incorporar muchos planteamientos de la Alianza en esta materia, como Nueva Mayoría también sabemos del peso que implica llevar adelante una investigación por sobre los costos políticos que puede traer en nuestro sector, pero la sociedad demanda".
En sus páginas 13 y 14, el texto preliminar al que tuvo acceso Emol, señala que la entidad dirigida por Natalia Compagnon y Mauricio Valero, "más que ser una empresa con un giro o experiencia en particular, dotada de un currículum y experiencia acreditable, dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones de trayectoria y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era mas bien una suerte de empresa de Lobby".
En ese sentido, el informe agrega que la entidad se veía beneficiada por sus contactos político-públicos, los que "le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares que realizan labores parecidas".
El informe añade que esta forma de trabajar de Compagnon y Valero "crearon el ambiente ideal para generar, dados los vínculos de Caval, posibles escenarios de tráficos de influencia, uso de información privilegiada u otros delitos o infracciones hoy investigados por la Justicia y que tienen como germen la infracción de deberes de abstención en el uso de relaciones posicionales que sólo se pudieron franquear al estar en el entorno cercano de quien a la postre sería la Presidenta de la Republica".
Además, respecto del ex director Sociocultural de la Presidencia, Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon, se critica que no se presentaran ante la instancia.
"Habiendo tenido la oportunidad de explicar ante la comisión su desempeño y actuar, la Sra. Compagnon ni el Sr. Dávalos comparecieron a efecto de clarificar los procedimientos utilizados y la justificación de los mismos (...) restándose de una colaboración oportuna y eficaz en el esclarecimiento de los hechos", sostiene el preinforme.
Reproches a Contraloría y Municipio de Machalí
En su desarrollo, el texto añade que se pide a Contraloría investigación independiente para determinar las responsabilidades administrativas respecto al formateo del computador que Sebastián Dávalos usó en la Moneda.
En ese sentido, se reclama que "resulta incomprensible el avance de una investigación penal sobre el particular y la falta de proactividad del organismo que tiene a su cargo la fiscalización de los actos de la administración. Ello se hace más necesario aun luego que, en sede judicial, el Sr. Davalos esgrimiera antecedentes graves sobre el particular que, dada su naturaleza, refuerzan la pertinencia de una investigación que persiga responsabilidades que no se agotan en la indagatoria que lleva adelante el Ministerio Publico".
Asimismo, el informe cuestiona el actuar de la Municipalidad de Machalí y de su alcalde, Miguel Urrutia, afirmando que no cumplieron "cabalmente con todos los mecanismos de control preventivos que pudieran impedir la situación".
Y se añade que "la excusa del alcalde en torno a que la cantidad de oficios que firma al día impiden analizar uno a uno, no fue admitida por la comisión, puesto que su cargo es el más alto dentro del municipio, teniendo a la vista que el cambio de uso de suelo para la comuna de Machali resultaba una decisión estratégica en el desarrollo de dicha comuna y no un acto de mero trámite".
"Por ello resulta inexplicable para los integrantes de la Comisión las explicaciones dadas por la primera autoridad comunal, lo que deviene en un actuar, a lo menos, negligente de parte del Sr. Alcalde y demanda mayor proactividad del Consejo de Defensa del Estado en cuanto a fiscalizar los actos del referido edil y del municipio en su conjunto", sentencia el texto.
Salida de Riquelme y fundaciones de La Moneda
En el texto además se plantea la salida del director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, tras la polémica que generó que este haya recibido en dependencias del palacio a Juan Díaz Sepúlveda, y con quien "mantenía algún tipo de vinculación".
Por otra parte, se da cuenta de la necesidad de revisar "la pertinencia de las labores ejercidas" por las fundaciones que dependen de la Dirección SocioCultural de la Presidencia.
"Se propone revisar su existencia legal como fundaciones o corporaciones y se recomienda considerar su formalización como organismos públicos o disponer el traslado de dichas competencias a otras reparticiones de la Administración del Estado, habida consideración de las importantes funciones públicas ejercidas", concluye el texto.
