El ex Presidente Salvador Allende.
La Segunda./ Archivo.
SANTIAGO.- Un proyecto de ley que busca sancionar a quienes "enaltezcan" la figura y el gobierno del ex Presidente Salvador Allende fue presentado por el diputado UDI Ignacio Urrutia y suscrito por sus pares gremialistas, Gustavo Hasbún y Jorge Ulloa.
La iniciativa establece que "el que públicamente niegue, enaltezca o minimice los hechos de gobiernos que a lo largo de la historia hayan transgredido la Constitución Política y las leyes será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales".
A lo largo del texto, se pone como ejemplo de estos hechos el mandato de Allende, al argumentarse que "constituyen hechos objetivos la existencia de gobiernos que violentaron nuestra constitución política y generaron en el seno de la sociedad chilena desencuentro, violencia y animosidades profundas, por el ejemplo el que presidio Salvador Allende Gossens, entre los años 1970 a 1973".
El documento además indica que si bien es "fundamental la defensa de los derechos humanos de todas y todos los chilenos, pero también es importante condenar, enérgicamente todo acto que propició y propicia el desencuentro de la familia chilena y que han desencadenado en el pasado o que pudieren desencadenar en lo sucesivo quiebres a nuestra institucionalidad y violaciones a los derechos humanos".
En ese sentido, aseguraron que "es posible indicar que bajo el régimen de Allende se trasgredieron garantías constitucionales de gran valor como lo fueron el derecho de propiedad, la libertad de asociación y movilización, el derecho a reunión, y otros derechos constitucionales que dejaron tras sí irreparables pérdidas que hasta el día de hoy las víctimas y sus familiares sufren las consecuencias".
"Existe a nivel historiográfico, un cierto consenso a que el Gobierno de la Unidad Popular, constituyó una nefasta experiencia política para nuestro país", agregan.
Finalmente, el proyecto concluye que "la violación sistemática de nuestro Estado de Derecho, constituyó un hecho claro y manifiesto, y cuyos principales afectados fueron los ciudadanos quienes veían, sin ninguna justificación ser arrasados por la maquinaria administrativa de la Unidad Popular, sin mayores contrapesos políticos ni jurídicos".
