SANTIAGO.- Para el próximo miércoles 20 de enero quedó fijado el plazo final que tiene la Cámara para pronunciarse sobre la admisibilidad o no del proyecto que busca anular la Ley de Pesca, acusando vicios de constitucionalidad en su tramitación legislativa.
Así lo señaló este miércoles el presidente de la Cámara, Marco Antonio Núñez (PPD), tras la consulta del diputado del PC, Hugo Guitérrez, quien pidió -al inicio de la sesión de Sala-, una fecha exacta para el pronunciamiento que deberá hacer la corporación.
"Ayer la mesa recibió el informe de la Secretaría (de la Cámara) respecto de la admisibilidad del proyecto, la decisión de la mesa es que faltan antecedentes que complementen el análisis jurídico-legislativo que ha hecho la Secretaría. Por lo tanto, hemos definido conforme a reglamento que el plazo fatal para determinar la admisibilidad es el miércoles 20", contestó el titular de la Cámara.
En caso de que la medida sea declarada inadmisible, la bancada del PC-IC, autora del proyecto, podrá pedir que ésta sea votada en la Sala por los diputados y en caso de que estos aprueben su admisibilidad, pasará igualmente a tramitación.
PC por Ley Longueira: "Nace de un acto de corrupción"
En conversación con Emol, el jefe de la bancada PC-IC, Daniel Núñez se mostró, previamente, optimista de que la medida se declarará admisible, argumentando que "hay precedentes contundentes" para ello.
El diputado explicó que la iniciativa busca que "en base a los hechos que son de público conocimiento y que están siendo investigados por la justicia, particularmente la investigación a la ex diputada Issasi y al senador Orpis, da cuenta que el trámite en su origen legislativo es una ley viciada".
Esto pues indicó que "hubo soborno, compra de votos departe de una de las grandes empresas Corpesca, beneficiada por esta ley y desde ese punto de vista es un acto que carece de la legitimidad ciudadana, porque no nace de la soberanía popular, nace de un acto de corrupción. Sobre esa base y considerando que la propia Constitución habla de la probidad de los actos legislativos y en este caso público nos ha parecido correcto solicitar la anulación de la ley".
