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Santiago: Jueves 30 de enero del 2025 | Actualizado 22:58
SANTIAGO.- En una audiencia realizada hoy en el Juzgado de Garantía de Iquique, la fiscal Virginia Aravena dio a conocer nuevos antecedentes que forman parte de la investigación que lleva adelante por el secuestro de José Vergara.
En la misma audiencia, la defensa solicitó la modificación de la prisión preventiva de los ex carabineros Angelo Muñoz Roque y Manuel Carvajal Fabres, acusados de presunto secuestro, pero la petición fue rechazada por el tribunal.
La fiscal informó que cuenta con los testimonios de un testigo, cuya identidad está reservada, y de un familiar de uno de los ex uniformados, quienes habrían tomado conocimiento de lo manifestado por dicho imputado a sus parientes más cercanos, sobre lo que habría ocurrido el día en que desapareció José Vergara.
Según lo relatado por el testigo reservado, el ex carabinero imputado habría indicado que se llevaron en el furgón policial a la víctima hasta un sector eriazo, donde lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y que luego habrían cavado un hoyo para enterrar el cuerpo.
La fiscal, junto a la Brigada de Homicidios, tomó declaración al segundo testigo, quien confirmó en términos similares el relato, indicando que lo supo de un familiar muy cercano al ex carabinero imputado, quien le agregó que los policías más antiguos le habrían prohibido contar lo sucedido.
La persecutora agregó que también contactaron al pariente que habría recibido el testimonio directo del imputado, pero éste negó los hechos.
La fiscal Virginia Aravena señaló que, luego de estos antecedentes, ha realizado numerosas diligencias para confirmar o descartar estos testimonios y que están a la espera de una diligencia fundamental.
Esta requiere el levantamiento de los registros de datos de los teléfonos celulares de los imputados, para realizar una georreferenciación y definir las posibles rutas que tomaron los imputados el día de los hechos así como los posteriores. Es precisamente por esta diligencia que solicitó la ampliación de la investigación.
Tras la audiencia, el magistrado Vicente Muratori resolvió mantener la prisión preventiva de los imputados, considerando que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, y aumentó el plazo de la investigación en 60 días más a contar del 27 de febrero.
