SANTIAGO.- El fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien asumió esta jefatura a fines de noviembre del año pasado, decidió no tomar vacaciones, por lo que durante este y el próximo mes se quedará liderando las pesquisas del denominado caso Penta, en que han surgido antecedentes por otros grandes contribuyentes respecto de eventuales delitos tributarios, como es el caso de Bci y Ripley.
Sin embargo y según explica hoy
"El Mercurio", en la "arista principal del caso" se espera que durante el mes de febrero se sellen varias negociaciones por procedimientos abreviados y salidas alternativas para evitar el juicio oral contra los formalizados.
En el equipo de Guerra durante enero estuvo con descanso el fiscal Pablo Norambuena -que retorna en los próximos días- por lo que la causa fue tramitada en conjunto con el jefe de Alta Complejidad Oriente Carlos Gajardo. Este último, hizo uso de su feriado legal a contar de esta semana y será reemplazado por estos días por el fiscal José Antonio Villalobos.
En marzo de 2015 se formalizó por primera vez en esta causa a los controladores del holding , Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín; además del ex gerente general de Penta Hugo Bravo y altos ejecutivos de la compañía, por diversos delitos tributarios y lavado de activos, en algunos casos.
A 10 meses de esta audiencia, el Ministerio Público tiene avanzadas negociaciones para un procedimiento abreviado, al que aspirarían los principales imputados de esta investigación: Délano, Lavín y Bravo. En todos los casos, sin excepción, la fiscalía baraja ofrecer 5 años con el beneficio de libertad vigilada previa aceptación de los hechos investigados, tal como lo hizo en su momento el ex senador UDI Jovino Novoa.
Por eso se estima que el próximo mes será decisivo para que se sellen los acuerdos y se pidan las audiencias respectivas ante tribunales. En casos de políticos formalizados como el caso del senador Iván Moreira, por el momento, también estaría en escenario de procedimiento abreviado, al igual que el ex candidato a senador Pablo Zalaquett y el ex candidato presidencial Laurence Golborne. Este ha visto su situación judicial agravada, que aún no está formalizada, luego que se le vinculara al financiamiento ilegal de su campaña respecto de más empresas.
Para imputados de más bajo rango, que tengan irreprochable conducta anterior, que hayan colaborado y que no tengan más de dos delitos tributarios, el Ministerio Público ha fijado un criterio de salida alternativa como lo es la suspensión condicional del procedimiento. Todo se resolverá en las próximas semanas, antes del cierre del plazo extendido que ha tenido esta investigación que cumple en marzo un año.
Vuelta de Gómez
En el caso SQM, el fiscal regional de Valparaíso -quien ha estado de vacaciones las últimas dos semanas- retorna a fines de mes a sus labores. Sin embargo, durante este período, el investigador Emiliano Arias -quien ha estado desde el origen de este caso- ha liderado las últimas pesquisas, en conjunto con los fiscales de Viña del Mar que integran el equipo entre quienes se encuentra la fiscal Paola Castiglione, que prepara la formalización del ex senador PS Carlos Ominami.
Este último debe presentarse ante el 8° Juzgado de Garantía el próximo 9 de marzo, época en que el plazo de investigación de SQM estaría vencido, pero ya hay acuerdo con las defensas para ampliarlo. Respecto a su hijastro, Marco Enríquez-Ominami -quien también tiene calidad de imputado en esta causa- el Ministerio Público espera que el SII le señale si existe un proceso administrativo que lo involucre y que concluya en una querella a su respecto.
Y en la arista filial SQM-Salar, que cuenta con querella por delito tributario, se espera la petición de formalizaciones en los próximos días de Carlos Tudela García (DC) y de Patricio Rodrigo, el ambientalista opositor de HidroAysén.
