SANTIAGO.- "Las cárceles serán diseñadas, construidas y equipadas por las concesionarias, las que además prestarán servicios de mantención de infraestructura, alimentación, salud, educación, rehabilitación y reinserción laboral".
Así describía en el 2000, el ministro de Justicia de la época José Antonio Gómez, cómo sería el Programa de Infraestructura Penitenciario: un modelo mixto en el que intervienen tanto privados como el Estado bajo la Ley de Concesiones y que comenzó su proceso de adjudicación en 2002, cuando se prometía que diez recintos funcionarían bajo esta modalidad, con un total de 370 mil metros cuadrados de edificación y una capacidad de 1.500 reclusos cada uno.
Finalmente sólo fueron ocho- quedaron pendientes Talca y Santiago 2- y agrupadas en tres grupos: en el 1 está Alto Hospicio, La Serena y Rancagua, en el dos Biobío y Antofagasta, mientras que el tres lo componen Santiago 1, Valdivia y Puerto Montt.
El programa comenzó a ver sus frutos el 22 de noviembre de 2005 cuando el Presidente Ricardo Lagos inauguró la cárcel de Rancagua, operada por la empresa Sodexo al igual que todas las de los dos primeros grupos.
La iniciativa calificada como "pionera en Latinoamérica" consideraba una inversión total de US$280 millones, lo que con el tiempo ha ido en aumento, debido a los retrasos en las entregas de los edificios y posteriormente la falta de garantías de construcción que suponen los contratos (por ejemplo los barrotes de algunas celdas fueron construidos con materiales que fueron utilizados como armas por los reos, pero las empresas alegaron que no era su obligación reponerlos).
Terminar el contrato
En 2007 se realizó la gran inauguración de Santiago 1. Era el modelo de lo que este proyecto buscaba con una infraestructura que sería la solución al hacinamiento de la ex Penitenciaría, sin embargo a poco andar se convirtió en el punto negro del sistema.
Al año de funcionamiento superó su capacidad, por lo que la empresa concesionaria Vinci, que a su vez contrata como operador a Compass Group (que provee de aseo, alimentación, lavandería, salud y otros a los internos), ha recibido multas diarias por sobrepoblación y ahora su contrato ha sido duramente cuestionado.
"Es urgente realizar aquí una revisión profunda de los incumplimientos en que ha incurrido la empresa concesionaria y, consecuencialmente, analizar si ello acaso no justificaría poner fin a dicho contrato atendidas las graves falencias constadas", dice el informe dado a conocer ayer realizado por la Comisión de Visita de Cárcel de la Corte de Apelaciones de Santiago, tras su recorrido semestral que revisó trece recintos penalesde la Capital, donde el ubicado detrás del Centro de Justicia es el único concesionado.
La promesa y la realidad
La promesa era que estas nuevas obras debían incluir obras de paisajismo en áreas internas y externas, áreas de espera para las visitas, mayor y mejor tecnología en seguridad, entre otras cosas que fueran tras un único objetivo: terminar con el hacinamiento y ser agentes activos de una real reinserción social.
"Alimentación a los internos y personal de vigilancia de Genderamería de Chile: tres veces al día se provee de comida de calidad, equilibrada y balanceada y con la cantidad de calorías suficientes para un adulto", dice en su página web Compass Group sobre los servicios que entrega a Santiago 1.
Lo que muestra un duro y total constrate con lo que señala el informe del Poder Judicial, donde queda manifesto el reclamo de los internos que dicen recibir la comida en ocasiones fría y el pan semi congelado. Además que comen con la mano- "lo que atenta contra la dignidad humana" según el comisionado- y reciben la cena a las 17:00 horas sin ingerir nada hasta las 9:00 horas del día siguiente en el desayuno.
Algo similar ocurre a la hora de hablar de mantenimiento donde la empresa dice ser "responsable de mantener los edificios, el equipamiento estándar y sobretodo el equipamiento de seguridad, en perfectas condiciones de funcionamiento por los veinte años que dura la concesión, reparando o reponiendo lo que fuere necesario".
Sin embargo en la visita realizada en diciembre se constataron incumplimientos flagrantes por parte de la compañía ya que en el informe se asegura que hay espacios con falta de luz y que la población penal se "cuelga" de terminales de energía eléctrica mediante instalaciones hechizas "que junto al agua apozada en los recintos configuran una amenaza real y latente de muertes por electrocución".
Así el penal "modelo" del Gran Santiago en vez de proveer a la prensa con ejemplares casos de rehabilitación y dignidad, hasta ahora no es más que el protagonista de cómo no debía funcionar el sistema y el escenario perfecto para las tragedias.
