Reuters
SANTIAGO.- El pasado miércoles 3 de febrero, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 de Argentina emitió un trascendental fallo en contra de Galvarino Apablaza, uno de los principales sospechosos del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. El dictamen, al que tuvo acceso El Mercurio, constituye un revés para el ex líder del FPMR y su intención de frenar su proceso de extradición a Chile.
En 2010, la Corte Suprema de Argentina dio luz verde a la extradición de Apablaza, pero el mismo año la Comisión Nacional para Refugiados (Conare) le otorgó el carácter de refugiado político, por lo que el proceso quedó estancado.
Chile no se quedó de brazos cruzados y entabló una demanda para dejar nula la resolución de la Conare. Sin embargo, el ex frentista y el gobierno de la entonces Presidenta Cristina Fernández, impugnaron la acción judicial, argumentando que Chile no tenía una "legitimación activa" para objetar la resolución de la Conare.
En el reciente fallo, la Justicia trasandina determinó que los actos impugnados por el ex líder del FPMR son "frontalmente contrarios a la ley argentina toda vez que esta impide otorgar a un acusado de delitos comunes el estatus de refugiado y los delitos atribuidos a Apablaza, según lo ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación -en fallo pasado en autoridad de cosa juzgada-, constituyen delitos comunes".
Nuevo escenario
Para el gobierno chileno, el dictamen del tribunal abre un nuevo escenario: la vía administrativa para Apablaza comienza a agotarse y permite que Chile impugne ante la justicia argentina la resolución de la Conare.
"El Estado de Chile tiene derecho a participar, tiene derecho a juzgar a una persona en su propio país. La justicia argentina da un paso para la extradición de Apablaza", afirmó el embajador en el país trasandino, José Antonio Viera-Gallo, a El Mercurio.
No obstante, Viera-Gallo advirtió que aún quedan etapas por delante, por ejemplo esperar para ver si el ex frentista o el gobierno del Presidente Mauricio Macri apelarán a la reciente resolución judicial. Si es así, la Cámara de Apelaciones deberá resolver.
En el caso de no presentarse una apelación, el juez podría definitivamente dejar nulo el carácter de refugiado político de Apablaza.
