Alejandro Balart, El Mercurio
SANTIAGO.- "Las regulaciones legales no siempre son suficientes para ordenar la diversidad de relaciones entre lo público y lo privado. Necesitamos desarrollar también una cultura y una ética de la transparencia y la probidad que nos inspire y guíe nuestro actuar cotidiano", dijo la Presidenta Michelle Bachelet el 19 de marzo del año pasado.
Ese día, a través del instructivo de “buenas prácticas en materia de declaraciones de patrimonio y de intereses”, la Jefa de Estado llamó a todas las autoridades y jefes de los órganos de la administración a informar respecto de sus patrimonios e intereses antes del 30 de abril de ese mismo año.
Dato no público
El instructivo alcanzó, entre otros, al director de la administración de La Moneda, Cristián Riquelme, quien el 20 de abril del 2015 publicó en el nuevo portal habilitado por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) su declaración de patrimonio e intereses.
Sin embargo, en gran parte de los datos informados por el ingeniero civil se lee: “Dato personal no público”.
El funcionario de Presidencia se acogió a la Ley N° 19.628, la cual, tal como lo permite el mismo instructivo, apunta a la protección de datos de carácter personal.
De esta manera, en la declaración de Riquelme que aparece en el sitio web de la Segpres no aparecen las tasaciones fiscales y comerciales de los cuatro bienes inmuebles que da cuenta, ni tampoco de un estacionamiento y una bodega, o cuál fue su actividad profesional y económica en la que participó en los dos años anteriores a la asunción de su cargo en La Moneda.
Por el contrario, otras autoridades como los ministros Jorge Burgos (Interior), Nicolás Eyzaguirre (Segpres), Marcelo Díaz (Segegob), Rodrigo Valdés (Hacienda) o la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte permitieron el uso total de dicha información, dando cuenta de los detalles de su patrimonio e intereses.
Rechazo parlamentario
La situación fue rechazada por los parlamentarios que integraron la comisión Caval, que en su informe final sugirió la censura de Riquelme por haber recibido a Juan Díaz —gestor inmobiliario— en La Moneda sin haberlo comunicado a las autoridades, entre otras cosas.
Respecto a la declaración de patrimonio e intereses del funcionario de Gobierno, el diputado PS, Juan Luis Castro, señaló que “algo oculta y aquí hay muchas cosas que aclarar en cuanto a sus vínculos comerciales”.
Su par de la DC, Gabriel Silber comentó que “una cosa es el estándar legal, pero una persona debe ser celosa a la hora de transparentar sus bienes y patrimonio y una persona como Riquelme, sujeta al escrutinio público, debe estar por sobre ese estándar”.
El diputado de la UDI, Felipe Ward señaló que el hecho de que no muestre antecedentes “es una decisión altamente imprudente que viene a ratificar la forma de actuar de esta persona en política”.
Según consigna el portal, otros funcionarios de La Moneda que también se acogieron a la ley 19.628 fueron el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, y el ex subsecretario de la Segegob, Rodolfo Baier.
Patrimonios
En junio del año pasado, la bancada UDI anunció que iba a oficiar al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que fiscalizara el patrimonio del denominado grupo de la G-90 del PPD, al cual pertenece el administrador de La Moneda. El requerimiento apuntaba, entre otros, al ex ministro Rodrigo Peñailillo y Harold Correa.
“El Mercurio” consultó a Presidencia por la situación de Riquelme, donde explicaron que la ley N° 19.628 permite mantener parte de la información en reserva, pero que tanto la Contraloría General de la República como la Segpres tienen completo acceso a ella. Sin embargo, dichos antecedentes no están al alcance de la ciudadanía.
