Gerardo Escalona fue condenado a 61 días de reclusión nocturna en su domicilio.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló al fallo del 9° Juzgado de Garantía de Santiago que el pasado 11 de febrero condenó en un procedimiento abreviado a uno de los 18 imputados del denominado caso Basura, que persigue presuntos delitos de corrupción que se habrían cometido en los municipios de Cerro Navia y Maipú.
Ello, por estimar que la pena de 61 días de reclusión nocturna que recibió el empresario Gerardo Escalona no es proporcional a los hechos que le atribuyó la Fiscalía Metropolitana Occidente en su acusación.
De esta manera, el organismo busca que Escalona sea sentenciado a 540 días de presidio menor en su grado mínimo por su responsabilidad en la adquisición de dineros procedentes de la comisión de delitos de corrupción pública cometidos entre los años 2010 y 2015.
El empresario fue el primero en aceptar el ofrecimiento del Ministerio Público para optar a una salida alternativa al juicio oral.
El acuerdo se concretó dos semanas después de haber testificado ante la Fiscalía -el 28 de enero pasado- respecto a los ilícitos que cometió según él, a petición del concejal de Maipú, Marcelo Torres, quien fue formalizado por los delitos de cohecho y fraude al fisco y actualmente permanece en prisión preventiva.
De acuerdo a su declaración, Torres le habría ofrecido que hicieran una empresa para instalar pasto sintético en canchas deportivas y así adjudicarse licitaciones cuyas ganancias serían repartidas entre ambos.
"Cuando yo estaba en implementación del negocio hablé con Marcelo (Torres) y le dije que necesitaba $10 millones (para comprar el pasto). Me junté con Marcelo y Gonzalo (Torres, su hermano), en el colegio de nuestros hijos, y me pasaron un bolso con dinero en efectivo en ese monto. Al ver la cantidad de plata de inmediato me pareció raro y le señalé que esa plata era negra. Él me dijo 'no, que me quedara tranquilo'", dijo Escalona.
Torres, en tanto, es investigado por la Fiscalía por ser el presunto líder de una "organización criminal" para sustraer recursos públicos.
Según la indagatoria -encabezada por la fiscal Tania Mora- la autoridad comunal habría contactado al resto de los 17 imputados en la causa para coludirse y recibir sobornos de particulares, específicamente de la empresa KDM.
De esta manera, el concejal habría sido el nexo entre los empresarios y los funcionarios públicos para realizar actos de corrupción, los que generaron ganancias de manera ilícita para las personas involucradas.
