SANTIAGO.- Una tensa reunión se vivió ayer entre defensores y fiscales del caso maremoto en la oficina del nuevo jefe regional metropolitano Occidente del Ministerio Público, José Luis Pérez Calaf.
A quince días de que se comience a preparar el megajuicio oral por las responsabilidades penales en la muerte de 105 personas por la fallida alerta de tsunami , el 27 de febrero de 2010, la fiscalía está haciendo intentos de consensuar con los abogados de los imputados vías judiciales que permitan evitar el juicio oral.
Según publica hoy
El Mercurio, pese a las ofertas puestas sobre la mesa, ayer no hubo acuerdos y todas las defensas rechazaron "de plano" aceptar un procedimiento abreviado con penas menores a los 818 días que pidió la fiscalía en su acusación. "Preferimos ir a juicio oral y tener la opción de ser absueltos", dijo uno de los defensores en la reunión, según trascendió.
Algunos partícipes de la cita dijeron que quien tomó la voz de "las ofertas" fue el propio fiscal Pérez, que asumió ese cargo el 22 de enero pasado, al suceder a la ex fiscal regional Solange Huerta, quien investigó junto a su equipo todo el caso.
Guiño al equipo de Huerta
Es por esto que, casi como "un guiño" a este grupo, integrado por los fiscales Andrés Castellanos y Luis Tapia (presentes ayer en la reunión), el primer planteamiento del nuevo jefe regional fue que todos aceptaran los hechos materia de la investigación. A cambio, según las mismas fuentes, se les solicitaría en un procedimiento abreviado una pena de 41 días remitidos, muy inferior a los 818 días que se pide en la acusación.
La respuesta fue categórica, de parte de todos: "No", a esa opción que deja a sus representados con condena en su extracto de filiación.
Fue entonces cuando el fiscal Pérez transparentó que con los abogados del ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y el ex jefe del Centro de Alerta Temprana, Johaziel Jamett, hubo acercamientos en cuanto a suspender el proceso en contra de ellos, bajo condición de una tarea social y un monto que repare el daño ocasionado a las víctimas.
Como tales citas habían sido en privado, el fiscal Pérez no entró en más detalles ante los abogados de los funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), para quienes, en un principio, no había realizado esa oferta.
Trascendió que esos montos tendrían relación con un pago cercano a los $180 millones; esto, de designación gradual entre estos tres imputados. Es decir, Rosende con el monto mayor, luego Fernández, y con una suma más pequeña Jamett, quien además ahora es representado por la Defensoría Penal Pública.
Negativa de marinos
Los representantes de los imputados del SHOA, al no ver satisfechas sus expectativas de la reunión, fueron los más enfáticos en señalar que prefieren ir a juicio oral antes que aceptar un procedimiento abreviado.
Estos imputados son Mariano Rojas, ex director del SHOA, representado por los abogados Felipe de la Fuente y Lizandro Godoy; y Mario Andina, patrocinado por el penalista Gonzalo Medina; y el ex capitán de fragata Andrés Enríquez, cliente de Paula Vial, la ex defensora nacional.
Esta postura radical hizo que todos los intervinientes se dieran como plazo esta semana para analizar este engorroso escenario con los imputados. Esto, porque hacia el final de la cita el propio fiscal Pérez no se cerró a la posibilidad de explorar también con ellos una fórmula aún no detallada y todos puedan optar a la misma salida alternativa al juicio oral.
La voz de querellantes
El abogado querellante Alfredo Morgado dijo que, pese a que han solicitado reuniones con el nuevo fiscal regional, aún no han podido conocer su postura. Consultado sobre la opinión que le merece una eventual salida alternativa en este caso, sostuvo que "bajo ningún motivo vamos a aceptar suspensiones del proceso que finalmente determinarán un sobreseimiento definitivo".
El abogado dijo que, en el caso de los familiares de víctimas que él representa, "ellos quieren una condena, necesitan sentarse en estrados y contar lo que ocurrió; es parte de la reparación de este proceso que se ha extendido durante mucho tiempo".
Morgado representa, por ejemplo, a Helen Fajardo, madre de Joaquín Ortiz, el niño conocido como "Puntito", quien falleció producto del tsunami en Juan Fernández.
"El que no tengan la posibilidad o la esperanza de que la justicia se pronuncie sobre la responsabilidad de una de las tragedias más grandes del país, teniendo los voluminosos antecedentes obtenidos por la fiscal Huerta con su equipo, es claramente algo que no repara a las víctimas, que va más allá de lo económico", sostuvo el abogado.
Se contempla que una vez zanjadas las posturas de los imputados, que serán conversadas en estos días con sus defensores, la fiscalía citará a los querellantes. Y en el plazo de una semana se sabrá cuál será la posición de las defensas.
