SANTIAGO.- Suspendida quedó este lunes la audiencia en la que se discutirían las salidas alternativas al juicio oral que acordaron previamente la Fiscalía Metropolitana Occidente y las defensas de los seis acusados en el denominado caso Tsunami.
Ello, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud del Ministerio Público que informó que aún hay 17 víctimas que no han sido notificadas de esta instancia.
De esta manera, durante este lunes, los querellantes sólo deberán detallar quiénes son sus víctimas, luego que existieran errores en las representaciones legales de los afectados.
Posteriormente, la jueza Carolina Gajardo deberá fijar nuevo día y hora para discutir las suspensiones condicionales del procedimiento de cada imputado.
Hoy, en tanto, el fiscal regional a cargo del caso José Luis Pérez Calaf anunció ante el tribunal su decisión de no perseverar en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, por considerar que no existen antecedentes que vinculen a la Mandataria en la fallida alerta de maremoto ocurrida tras el megasismo del 27 de febrero de 2010.
Se esperaba que en la audiencia de hoy la Fiscalía Metropolitana Occidente ofreciera a las defensas de los seis acusados una salida alternativa al juicio oral, la que había sido previamente conversada durante las últimas semanas.
Los acuerdos contemplaban la suspensión del proceso respecto del ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch, a cambio del pago de $80 millones.
La ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, podría optar al mismo beneficio si aceptaba cancelar $40 millones.
En tanto, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, debería desembolsar $5 millones para concretar la misma salida alternativa, mientras que los tres marinos encausados -el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del SHOA Andrés Enríquez, y el ex oficial de guardia del SHOA Mario Andina- también podrían optar a una suspensión condicional del procedimiento a cambio de una compensación económica que alcanza los $40 millones.
Parte de los dineros serían destinados a la realización de un seminario que aborde un Plan de Emergencia y un Sistema de Protección Civil que permita evitar la tragedia ocurrida en 2010 que dejó 105 personas fallecidas.
Todo lo anterior, sin embargo, deberá ser discutido en una nueva audiencia que será programada en los próximos minutos.
