SANTIAGO.- Tras una mediación colectiva que incluyó a 23 universidades, un total de 17 planteles eliminaron una serie de cláusulas incluidas en sus contratos que perjudicaban los derechos de los estudiantes y sus apoderados.
La mediación fue encabezada por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y en ésta se revisaron los contratos y documentos de pago, como letras de cambio y pagarés que debían firmar los estudiantes o sus avales al ingresar a esos planteles.
Tras esa gestión, el Sernac logró que 17 universidades modificaran sus contratos, eliminando las cláusulas que, a juicio de la entidad, eran abusivas y perjudicaban los derechos de los estudiantes y sus apoderados.
Entre las universidades que accedieron a ajustar sus contratos se cuentan planteles privados y tradicionales. Éstos son la Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica, Universidad de Santiago, Universidad Austral, Federico Santa María, Arturo Prat, de Los Lagos, UTEM, Andrés Bello, Pedro de Valdivia, de las Américas, de la República, de Viña del Mar, Autónoma, UNIACC, INACAP y UCINF.
Entre las cláusulas abusivas que se eliminaron se encontraban disposiciones que contenían autorizaciones amplias para el tratamiento de los datos personales de los estudiantes, cláusulas que permitían modificaciones unilaterales a las mallas educacionales, condiciones que permitían suspender unilateralmente el servicio educacional por el no pago del arancel, y cláusulas que imponían barreras de salidas al contrato en caso de retiro o abandono del alumno, entre otras.
Además, el Sernac demandó colectivamente a cuatro universidades que no estuvieron dispuestas a eliminar de sus contratos aquellas cláusulas que dejaban en clara desventaja a los estudiantes y apoderados. Se trata de las universidades Santo Tomás, San Sebastián, Mayor y Central.
El objetivo de esta acción es que la justicia declare nulas dichas cláusulas y le aplique las multas respectivas por haber incluido esas disposiciones en sus contratos, las cuales van en contra de lo que establece la Ley de Protección de los Consumidor.
Paralelamente, se está analizando el caso de dos universidades con las que aún no se logra un acuerdo: la Universidad de Aconcagua y la Universidad de Valparaíso. En caso de no conseguir que ajusten sus contratos, la entidad no descarta también demandarlas colectivamente ante la justicia.
Durante el año 2015, el Sernac recibió 3.259 reclamos en contra de universidades, centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), lo que implicó una baja de un 16,7% respecto del mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 3.914 casos.
De los reclamos del año 2015, la mayoría fueron por incumplimiento en las condiciones contratadas, por ejemplo, por cambios en la situación de acreditación de la casa de estudio, alza injustificada de arancel, modificación de las mallas académicas, mala calidad del servicio, problemas para tomar ramos, inconvenientes para postular a becas, falta de docentes para dictar ramos y retrasos en entregas de certificados, entre otros.
Irregularidades en la publicidad de las universidades
Además de los contratos, el Sernac también analizó la publicidad que emitieron las instituciones de educación superior en el último proceso de admisión, para lo que monitoreó los mensajes difundidos entre el 1 de diciembre de 2015 y el 11 de enero de 2016 en medios de prensa escritos de circulación nacional, radio y televisión.
Tras el análisis, que incluyó 53 piezas publicitarias, el Sernac detectó en 23 de ellas letra ilegible, frases que deben ser comprobables y falta de información respecto de la oferta institucional y de acreditación.
Por esa razón, la entidad denunció a las universidades Gabriela Mistral, Iberoamericana, UNIACC y Autónoma.
Además, ofició a otros 21 planteles para que ajusten sus piezas publicitarias a los estándares que establece la Ley de Protección del Consumidor y la Comisión Nacional de Acreditación.
