Juan Eduardo López, El Mercurio
SANTIAGO.- La suma de tres millones de pesos deberá pagar el Estado de Chile a cada uno de los 659 demandantes que fueron presos políticos entre 1973 y 1990, según ratificó hoy la Corte Suprema.
En fallo dividido de la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó un recurso de casación y confirmó la sentencia impugnada por considerar que las víctimas fueron objeto de delitos de lesa humanidad.
Las acciones civiles que los más de 600 ex presos políticos establecieron "encuentran su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa", sostiene el fallo.
La resolución agrega que en este caso, las leyes del Derecho Internacional sobrepasan a las derecho local, por lo que "no resultan adaptables a estos efectos las disposiciones de general aplicación, sobre prescripción, de las acciones de que se viene tratando".
"Estas consideraciones impiden admitir la improcedencia de la compensación invocada por el Fisco, en virtud de las pensiones de reparación con arreglo a la citada Ley 19.992, obtenidas por los demandantes", concluye el texto.
La decisión se adoptó con los votos en contra del ministro Juan Eduardo Fuentes y el abogado Arturo Prado, quienes consideraron que en el caso se debió aplicar la prescripción de la acción civil.
