El fiscal regional de O'Higgins Luis Toledo, fue el encargado de leer el comunicado emanado del consejo general.
Aton Chile
SANTIAGO.- El Ministerio Público rechazó "cualquier límite a derecho de informar o ser informado", a propósito de la norma que fija sanciones contra los persecutores por eventuales filtraciones de los casos que investigan.
Tras una reunión extraordinaria del consejo general de los fiscales regionales del país con el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, fue el jefe de O'Higgins, Luis Toledo quien leyó un comunicado con tres puntos en los que manifiestan su punto de vista respecto de la polémica norma.
"El Ministerio Público y los integrantes de este consejo general manifiestan su categórico rechazo a cualquier límite al derecho de informar o ser informado, como asimismo aquellas aseveraciones que se alejan de los intereses propios y técnicos que persigue una investigación penal, cuyo propósito es dar una respuesta oportuna, trasparente e igualitaria a todos los ciudadanos del país", leyó el persecutor.
El documento afirma también el respeto de los fiscales a la labor de periodistas y medios de comunicación, que según dijeron hacen diariamente un "importante aporte entregando información, interpretación y opinión que fortalece el estado democrático de Derecho, cuyos valores se encuentran en la Ley de Prensa".
Pese a ello los funcionarios dijeron estar disponibles a cualquier cambio que signifique mejorar y resguardar las investigaciones, con el fin de evitar las filtraciones "que pudieren anticipar diligencias o fomentar maniobras distractivas de parte de quienes son investigados".
"Lo afirmado en ningún caso busca restringir o afectar los principios de transparencia o publicidad de nuestro sistema procesal penal, que se manifiesta principalmente en las audiencias públicas desarrolladas en los tribunales y tampoco afectar el desempeño de la labor de los medios de comunicación", aseguraron los persecutores.
El origen de la norma
La norma fue solicitada por el fiscal nacional (s) Andrés Montes, quien alentado por los senadores, propuso que se sancionara no sólo a los fiscales que violaran el secreto de una causa, sino también a los intervinientes, apuntando a querellantes e imputados.
Tras lo anterior, el Ejecutivo redactó una indicación que finalmente ocurrió en enero con la firma de Burgos, lo que causó los reparos de algunos legisladores, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación Nacional de Fiscales por la medida.
A raíz de ello, Burgos descartó que ésta fuera a afectar la labor de los periodistas y recalcó que actualmente "la norma existe, no se ha creado ahora una norma que hable del secreto de la investigaciones, salvo para los intervinientes y el imputado por cierto. Lo que se ha puesto fue una norma de sanción para quien no guarde ese secreto, eso es lo que se ha hecho".
