Varias de las víctimas debieron regresar a sus ciudades por no contar con los recursos para alojamiento y alimentos.
EFE
SANTIAGO.- Uno de los abogados querellantes en el denominado caso Tsunami, denunció este martes al Ministerio Público y emplazó al fiscal nacional Jorge Abbott para que cumpla "la obligación constitucional" que tiene respecto a las víctimas y que no ha sido cumplida.
Lo anterior, porque según detalló previo al inicio de la segunda jornada de audiencia donde se discute si procede o no la suspensión condicional de los seis acusados en el caso, no se ha cumplido con la entrega de recursos para que las víctimas puedan ejercer su derecho de ser oídas antes de que el tribunal resuelva.
Esto, porque muchas de ellas no pudieron permanecer en Santiago y entregar su testimonio ante la jueza Carolina Gajardo debido a que no tenían dinero para alojamiento y alimentos.
De esta manera, se espera que durante que la jornada de hoy sea un grupo menor de familiares los que expongan ante el tribunal para argumentar su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y las defensas de los imputados, quienes ayer aceptaron los requisitos para que se suspenda el proceso en su contra.
Este tiene relación con una compensación económica que será repartida en partes iguales entre los familiares de las 104 víctimas del 27-F.