SANTIAGO.- El fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, se refirió este jueves al acuerdo alcanzado con las defensas de los acusados en el denominado caso Tsunami, detallando que el trato que establece, entre otros requisitos, el pago total de $245 millones, "es una salida alternativa al juicio oral que contemple nuestra legislación", y que cumple con todas las condiciones establecidas en el Código Penal.
"Hemos puesto a cada uno de los acusados condiciones que -creemos- son acordes y adecuadas al hecho por el cual el Ministerio Público ya había presentado acusación", detalló, en alusión al cuasidelito de homicidio que le fueron atribuidos a las seis personas imputadas por la fallida alerta de maremoto que dejó 104 fallecidos la madrugada del 27-F.
"Es claro que esta salida no es satisfactoria para las víctimas", aclaró, asegurando que "la suspensión es una situación intermedia, no es sentencia condenatoria, no es una sentencia absolutoria y no es una reparación completa a la víctima. Es un punto medio que es hacia donde debería ir la justicia".
Respecto a la presunta responsabilidad del Estado en la tragedia, Pérez Calaf dijo que "la investigación que hizo Solange Huerta -muy acuciosa y muy objetiva- demostró que efectivamente el Estado no estaba a la altura, el tema es que un fiscal no está cumpliendo funciones de acusar a otros órganos del Estado, lo que acusa es a personas que cumplían funciones dentro del órgano del Estado".
"Y respecto de las seis personas que la fiscal Huerta acusó, se les atribuyó responsabilidades de hechos negligentes y culposos, por lo tanto, de alguna manera en esa acusación, estaba incluido que el Estado no estuvo a la altura", recalcó.
Sobre el rechazo de los querellantes ante el trato alcanzado -que suspende el proceso en contra de los acusados a cambio de una serie de condiciones- el jefe regional de la zona occidente mencionó que una las razones del acuerdo fue evitar la revictimización de los afectados. "En un caso como éste, que puede durar tanto tiempo, exponer a la víctima a largos periodos declarando, creemos que era hacerla revivir un drama", agregó, aludiendo a los crudos relatos que varios de los querellantes expusieron ante el tribunal durante la audiencia.
Por último, defendió la decisión del Ministerio Público de no perseverar investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, explicando que "una persona que no ha sido formalizada, no puede ser llevada a juicio".
Lo anterior, porque no existen antecedentes que permitan establecer la existencia de hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos y que involucren a la Mandataria.
Ello, sin embargo, será discutido el lunes ante el tribunal, ya que el querellante Raúl Meza insiste en la querella en su contra por su presunta responsabilidad en la tragedia.
