El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- La audiencia programada para este lunes donde se revisaría la decisión de no perseverar investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet en el marco del denominado caso Tsunami, fue suspendida debido a que el querellante Raúl Meza y quien patrocina la acción penal en contra de la Mandataria, apelaría al rechazo del la jueza para inhabilitarse de la causa, resolución que fue dictada esta mañana.
A lo anterior, se suma la inasistencia de éste último, quien presentó un certificado médico señalando que se encontraba imposibilitado por motivos de salud para asistir a la instancia.
De esta manera, la situación de Bachelet en la causa por la fallida alerta de maremoto ocurrida la madrugada del 27-F será revisada una vez que la Corte de Apelaciones se pronuncie respecto a la inhabilidad de la magistrada Carolina Gajardo, quien hoy estimó que no tenía inconveniente para conocer los hechos, como era la pretensión del querellante.
Decisión de no perseverar investigación
La semana pasada, el fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, anunció al tribunal que no seguirá investigando a la Mandataria -quien es representada por el defensor público Pablo Sanzana- luego que no existieran antecedentes suficientes para presumir alguna responsabilidad de la jefa de Estado en la tragedia que dejó 104 personas fallecidas.
Lo anterior fue comunicado en la audiencia en la que se aceptó el acuerdo entre el Ministerio Público y los seis acusados para suspender el proceso en su contra y de esta manera, evitar un juicio oral.
En la instancia, se estableció que los imputados deberán pagar un total de $245 millones, de los cuales $235 millones serán destinados para las víctimas, mientras que los otros $10 restantes, para la realización de un seminario de Protección Civil.
Con ello, los acusados podrán ser sobreseídos definitivamente en el plazo de 18 meses en caso de cumplirse todas las condiciones establecidas en el trato.
El fallo, sin embargo, deberá ser revisado por la Corte de Apelaciones, ya que las víctimas y querellantes anunciaron que recurrirán a instancias superiores para intentar revertir la resolución.
De esta manera, si se confirma el dictamen, entonces el ex subsecretario de Interior, Patricio Rosende, deberá pagar $80 millones, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y los marinos del SHOA Mariano Rojas, Andrés Enríquez y Mario Andina, deberán desembolsar la mitad, es decir, $40 millones, mientras que el ex jefe del Centro de Alerta Temprana del organismo, Johaziel Jamett, solo tendrá que pagar $5 millones.
