SANTIAGO.- A las 12:30 horas de este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer si confirma o no la resolución del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que aceptó suspender el proceso contra los seis acusados en el denominado caso Tsunami a cambio del pago total de $245 millones.
Ello, luego que las víctimas apelaran al fallo de primera instancia tras rechazar el acuerdo al que llegó el fiscal regional José Luis Pérez Calaf con las defensas luego de cinco años de investigación penal.
Los querellantes buscan llevar a juicio oral a las autoridades acusadas a quienes el Ministerio Público les atribuyó su presunta responsabilidad en la fallida alerta de maremoto ocurrida la madrugada del 27-F.
El Ministerio Público y las defensas, sin embargo, han insistido en que el acuerdo se ajusta a derecho, asegurando que se cumplen todos los requisitos para optar a una salida alternativa al juicio oral.
Si la Undécima Sala del tribunal de alzada confirma el dictamen, entonces quedará a firme la suspensión condicional del procedimiento que pesa en contra del ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch, de la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, del ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett; del ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas; del ex jefe de operaciones del Andrés Enríquez; y del ex oficial de guardia Mario Andina,
Con esto, además, los acusados podrán ser sobreseídos definitivamente en un plazo de 18 meses si cumplen todos los requisitos establecidos en el acuerdo.
Esto es, el pago de $235 millones que serán repartidos entre los afectados, y otros $10 millones que serán utilizados para financiar la realización de un seminario de Protección Civil.
Sin embargo, si el tribunal rechaza suspender el proceso, los imputados podrían enfrentar un juicio oral, arriesgando ser condenados por cuasidelito de homicidio respecto de las personas fallecidas durante la fatídica madrugada del 27 de febrero de 2010.
El fallo se conocerá 24 horas después del dictamen del 22 Juzgado Civil de Santiago que condenó al fisco a pagar más de $1.800 millones a 74 familiares de 21 víctimas tras establecer que el SHOA y la Onemi tuvieron responsabilidad en las muertes, ya que se incumplieron protocolos.
