El Gobierno analiza los caminos para reponer la titularidad sindical en la reforma laboral.
El Mercurio
SANTIAGO.- El Día de los Trabajadores transcurre este año en medio del incierto escenario que enfrenta la reforma laboral, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional uno de sus principales puntos: la titularidad sindical, que muchos consideran el "corazón" del proyecto.
La iniciativa –que es una de las reformas emblemáticas del Gobierno– fue aprobada por el Congreso el pasado 6 de abril, tras un año y cuatro meses de tramitación. Sin embargo, ese mismo día 13 senadores de Chile Vamos, junto a Lily Pérez (Amplitud), ingresaron un requerimiento al TC para impugnar cuatro normas fundamentales del proyecto de ley.
Éstas son: la titularidad sindical, es decir, que el sindicato sea el principal actor en la negociación colectiva, terminando con los "grupos negociadores" al margen de esa organización; la extensión de beneficios por afiliación, esto es, que el sindicato tenga la prerrogativa de extender o no los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no sindicalizados; la obligatoriedad de la negociación colectiva con sindicatos interempresa; y el derecho de los sindicatos a acceder a las planillas de sueldos y beneficios de los trabajadores.
Finalmente, luego de escuchar los alegatos de las partes y en votación dividida, el TC resolvió el miércoles pasado declarar inconstitucional las dos primeras. La noticia sorprendió y significó un duro revés para el Gobierno y la Nueva Mayoría, que consideraban la titularidad sindical como la norma más importante del proyecto.
Mientras en el Gobierno lamentaron la decisión del TC, argumentando que "son los sindicatos los que representan a los trabajadores", en la oposición celebraron la "derrota del monopolio sindical" y el "triunfo de los trabajadores no afiliados".
Ante el hecho, la Presidenta Michelle Bachelet salió rápidamente a anunciar que buscarían "todos los caminos que entrega la ley" para defender el proyecto.
Lo que viene
Aunque no se ha anunciado oficialmente, la estrategia que prepara el Ejecutivo para enfrentar el fallo del TC consiste en enviar un veto presidencial al Congreso.
Existen tres opciones de veto: el supresivo, que elimina artículos del proyecto; el sustitutivo, que modifica artículos del texto; y el aditivo, que añade artículos a la iniciativa.
No obstante, para definir cuál de éstos usarán, primero deben esperar conocer el contenido completo del fallo, que recién se publicará el 9 de mayo.
Por ahora, la idea en el Gobierno es adelantar trabajo y tener preparados los textos para los tres casos de veto.
El veto presidencial debe ser presentado al Congreso en un plazo máximo de un mes desde conocida la resolución del TC, es decir, el próximo 6 de junio.
