SANTIAGO.- Las acciones judiciales de la municipalidad de Ancud por la
marea roja que tiene en pie de guerra a los chilotes,
no terminó con el recurso de protección. A éste se sumarán una querella contra quienes resulten responsables ante los tribunales de la ciudad y otra acción ante el Tribunal Ambiental.
La emergencia provocó que los pescadores artesanales de
Chiloé se vieran imposibilitados de salir a la mar para buscar los recursos, con las consiguientes consecuencias económicas. Para paliar aquella situación, es que el Gobierno ofreció cuatro bonos por $750 mil en total para cada familia, los que fueron rechazados por los hombres de mar.
La abogada Andrea Camargo explicó a Emol que la arremetida judicial apunta a establecer las eventuales responsabilidades de Sernapesca y la Armada, por la crisis que provocó el vertimiento de salmones muertos a las aguas Región de Los Lagos.
"Las acciones tienen por finalidad que la Corte de Apelaciones decrete que existió un acto arbitrario e ilegal de parte de la autoridad marítima y de Sernapesca, en orden a autorizar el vertimiento de estas toneladas de salmones", afirmó.
"Nosotros consideramos, así se estudió a través de un ingeniero medioambiental, que no se dio cumplimiento a todo lo que señalaba el protocolo de 1996 que dice relación con la Convención de 1972 que regula la bota de desechos en el mar", añadió la profesional.
Según Camargo, los estudios técnicos de la autoridad "no dieron cumplimiento a todo lo que la Convención que es internacional establecía y que tiene características y el mismo rango que la Constitución de la República".
Para que las empresas vertieran los salmones muertos al mar, se hace un requerimiento a Sernapesca que luego emite un informe técnico a la autoridad marítima. Esta última, finalmente, autoriza la bota de tonelaje.
"Independiente de que el informe de Sernapesca falla en cuanto a que no cumple con todo el protocolo a nuestro juicio, igual hace mención al posible daño que pude provocar la bota de los salmones. Esto es lo que nos parece muy curioso", sostiene.
Añadió que "si bien es cierto advierte algún tipo de consecuencia, aun así la autoridad marítima lo autoriza. La empresas del salmón actúan de acuerdo a la autorización de la autoridad", manifestó.
"Aquí puede existir una responsabilidad de carácter penal u otra de Sernapesca. Eso es lo que estamos estudiando. La querella la interpondremos contra quienes resulten responsables. El recurso de protección nos dará indicio de lo que está sucediendo", concluyó la abogada Camargo, quien adelantó que se presentarán la próxima semana.
Presentan escrito ante Fiscalía
La diputada Marisol Turres (distrito Calbuco, Cochamó, Maullín, Puerto Montt) llegó esta mañana hasta la Fiscalía de Puerto Montt para presentar un escrito contra de quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos previstos y sancionados en los artículos 289 inciso 2º, 290 y/o 291 de Código Penal, y artículo 136 de la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura.
A la salida, sostuvo que el texto tiene por objeto "que la Fiscalía investigue qué es lo que está causando la mortandad de los mariscos y que vea si existe o no relación con los desechos de toneladas de salmón muerto y en descomposición que fueron arrojados al mar".
"Queremos que se investigue exactamente dónde fueron arrojados (los peces muertos), si se tomaron medidas y precauciones", agregando que "no sabemos si los pescados que fueron vertidos al mar tenían o no antibióticos, ya que esto está prohibido".
Los pescadores y el ministro de Economía, Luis Céspedes, se reunieron ayer en Puerto Montt, pero el diálogo se quebró ante la oferta del gobierno que fue calificada como "insuficiente".
La apertura de rutas permitirá la salida de turistas y el ingreso de víveres y combustibles a la zona, que han escaseado debido a las movilizaciones que han contemplado barricadas y enfrentamientos con Fuerzas Especiales de Carabineros, que llegaron a la zona durante la semana.
