Jonathan Mancilla, El Mercurio
SANTIAGO.- Después de tres horas de debate, y al igual que en la Cámara de Diputados, esta tarde el Senado aprobó la ley de agenda corta antidelincuencia.
La iniciativa tuvo 29 votos a favor, dos abstenciones y uno en contra del senador Alejandro Navarro, pero deberá esperar su promulgación porque la bancada de diputados del Partido Socialista ya anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC).
Esto, por el rechazo al control preventivo de identidad que está incluido en el proyecto, el cual ahora deberá esperar el pronunciamiento del TC.
Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, señaló que con esta aprobación se facilitará el trabajo de las policías y fiscales, principalmente en los casos de robo. "Siento que hemos hecho un trabajo serio, responsable. Hemos entregado todas las herramientas que se han pedido. Esto debería ayudar a disminuir la delincuencia", sostuvo el parlamentario.
El presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, a pesar de que señaló que se dio un paso significativo en la materia, enfatizó en las falencias con las que queda la ley. "Hay avances significativos a través de este proyecto. Sin embargo, debo ser honesto, yo creo que al haber restringido fuertemente en lo que dice relación al control preventivo de identidad, este proyecto nace debilitado, no vamos a lograr la efectividad que se buscaba", dijo.
"Es la demostración que un sector importante de la Nueva Mayoría no quiere realmente comprometerse en la batalla en contra de la delincuencia, porque no darle las atribuciones que necesita la policía, es una señal muy negativa. (...) La delincuencia tiene cooptada la mentalidad de algunos, que han llegado a tal nivel de garantismo que prefieren proteger a los delincuentes aparentemente, que darle seguridad a las víctimas de los delitos", agregó el senador UDI sobre el anuncio del PS de acudir al Tribunal Constitucional.
El proyecto aprobado facilita la aplicación ejecutiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos.
Control preventivo
El control preventivo de identidad fue uno de los puntos más debatidos. El articulado sugerido por la Comisión Mixta precisa que los funcionarios policiales podrán verificar la identidad sólo de los mayores de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público.
Además, el control se podrá efectuar por cualquier medio de identificación tal como cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta estudiantil o bien con cualquier dispositivo tecnológico idóneo para tal efecto.
En caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad.
El procedimiento no podrá extenderse más allá de una hora. Sin embargo, en los casos en que no es posible verificar la identidad de la persona en el lugar, el funcionario policial deberá poner término de manera inmediata al procedimiento.
Si la persona se niega a acreditar su identidad, la oculta o proporciona una identidad falsa, quedará citada a la Fiscalía, para lo que podrá ser conducida al recinto policial. Si la persona tiene una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención.
Los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria. Lo contrario será una falta administrativa, independiente de la responsabilidad penal que pueda tener.
Durante el trámite en Comisión Mixta, se rechazó además la norma que sancionaba las filtraciones judiciales, por lo que esto quedó excluido del proyecto. Otro punto de divergencia entre la Cámara y el Senado era el de las lesiones no visibles al personal de Carabineros. Finalmente, se optó por considerarlas como una falta.
Además, se aprobó elevar el piso mínimo de la pena para los delitos de robo con intimidación, violación, mutilación o lesiones gravísimas, que pasaría de los actuales 10 años a un mínimo de 15 años y un día; también se tipifica el secuestro express (10 a 20 años de prisión) y se sanciona como una nueva falta penal, el impedir el ejercicio fiscalizador de un inspector municipal.
