El abogado Ramón Sepúlveda representa a siete víctimas en la investigación.
Cristian Carvallo, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Una nueva querella interpondrá hoy en el Octavo Juzgado de Garantía el abogado Ramón Sepúlveda, que representa a siete víctimas en la investigación por la estafa piramidal de poco más de $52 mil millones de AC Inversiones.
El querellante ya había presentado una acción judicial en marzo pasado en contra de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que depende del Ministerio de Hacienda, y ahora se amplió en contra de los funcionarios del Ejército de Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y la Superintendencia de Valores y Seguros, quienes tomaron conocimiento de hechos que "con claridad constituían delitos, que debían ser investigados y denunciados al Ministerio Público", dice el libelo.
Según consigna
El Mercurio, la querella se basa en la obligación que tienen los empleados públicos de denunciar hechos constitutivos de ilícitos. La presentación -que es contra todos los que resulten responsables- sostiene que a la UAF ingresaron, por lo menos, cuatro Reportes de Operaciones Sospechosas entre 2014 y 2015 por un corredor de inversiones que trabajaba con el dueño de la empresa, Patricio Santos, y donde alertaba sobre irregularidades como la administración de dineros de terceros y la captación de estos.
En el caso de AC Inversiones, los reportes incluirían el hecho de que Santos y sus cómplices captaban dinero de forma irregular, algo que está sancionado en el artículo 39 de la Ley General de Bancos.
Respecto de los otros servicios, la querella dice que oficiales de "altos cargos del Ejército habrían sabido de la existencia de esta empresa, tomando incluso la decisión de dar la instrucción de exigir que sus funcionarios no participaran de estas inversiones, pero sin informar al Ministerio Público".
"Además, se ha señalado por el propio imputado Santos, en declaraciones públicas, que los bancos en que tenían sus dineros y las mencionadas superintendencias habrían sabido de la existencia de los negocios de esta empresa, lo que a todas luces deja en evidencia que ningún funcionario público recordó la obligación legal que le impone su cargo", sostiene el documento.
Al Ministerio Público llegaron las primeras denuncias a través de la PDI recién el lunes 1 de marzo. De inmediato, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron la incautación de cuentas y la detención de Santos, y sus socios Rodolfo Dubó y Camilo Cruz, los que están en prisión preventiva al ser formalizados por lavado de dinero e infracción a la Ley de Bancos.
