SANTIAGO.- A pesar de los esfuerzos desplegados por la bancada de diputados socialistas, encabezada por Juan Luis Castro, los parlamentarios no pudieron reunir las 30 firmas necesarias para presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la agenda corta antidelincuencia.
La información fue confirmada por la bancada mediante una declaración pública en la cual además se asegura que "fiscalizarán la aplicación completa de ese control (preventivo de identidad) y denunciaran los abusos y arbitrariedades que se puedan producir".
Con ello, los diputados reafirmaron su convicción de que el control preventivo de identidad aprobada en el Congreso "carece de salvaguardas", agregando que "cuando las policías quieran realizar esta acción no requerirá de ninguna causal para pedir la cédula de identidad y podrán retener a cualquier persona durante una hora, eso es lo que, a nuestro juicio, genera discrecionalidad y descontrol".
Asimismo, precisaron que hicieron "el máximo esfuerzo para que este requerimiento se concretara, con la convicción de que al existir una brecha de arbitrariedad se deben utilizar todas las herramientas disponibles para cerrarla, incluido en este caso el TC".
En ese sentido, afirmaron que su convicción "no se agota en una iniciativa, por lo que ahora nos prepararemos para fiscalizar la aplicación concreta de este control y denunciar los abusos o arbitrariedades que se puedan producir, haciendo reserva, en su momento, de recurrir a las instancias que correspondan".
A pesar de no poder concretar su requerimiento ante el TC, los diputados consideraron que el "esfuerzo valió la pena", al dejarse constancia de que la medida no concita apoyo en varios sectores.
Los diputados además agradecieron el respaldo que les dieron legisladores de otras bancadas al recurso. Mientras que respecto de aquellos que retiraron sus firmas del mismo o no las concretaron aunque las comprometieron, señalaron que "les corresponde explicar a la opinión pública los motivos que los llevaron a esa acción".
El requerimiento anunciado por los diputados socialistas fue desestimado por la Presidenta Michelle Bachelet y también por la líder del PS, Isabel Allende, quien lo había calificado como "un error político" e incluso realizó gestiones entre los legisladores para que desistieran del recurso.
