Pablo Mardones, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Una nueva arista se abrió en el caso Caval, tras una denuncia por falsificación de dos cheques por $812 millones que realizó la defensa de Mauricio Valero en contra del gestor inmobiliario Juan Díaz.
Este último se encuentra con arresto nocturno luego de que el 29 de enero fuera formalizado como cómplice de ventaja indebida del síndico, facilitación de documentación tributaria falsa y soborno.
Según consigna
El Mercurio, la presentación se realizó ante el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, que investiga el caso Caval, antes de que se generara la polémica por el contenido de las conversaciones telefónicas de Díaz.
Se trata de cheques por $282 millones y por $ 530 millones, extendidos por Valero -en representación de Caval- a Díaz en febrero de 2015.
Estos documentos debían ser cobrados en marzo de 2015 por la prestación de servicios de Díaz en la venta de los tres predios de 44 hectáreas de Machalí. Sin embargo, el cobro se realizó recién el 19 de abril de 2016, lo que significó que el Banco de Chile protestara los cheques por falta de fondos, y que procediera a cerrar la cuenta corriente que tenía Caval en la institución financiera.
Según la denuncia de Valero, el llenado de los documentos fue realizado por él, y la falsificación se hizo al insertar distintas fechas a las originales.
Carlos Astorga, abogado de Díaz, desmiente esta versión y cualquier irregularidad en los documentos cobrados. "Valero podrá alegar, pero los cheques no están falsificados, fueron firmados y llenados por él. Además, vencían a fines de diciembre de 2015 y fueron cobrados tres meses después, dentro el plazo establecido por la ley".
La adquisición de los terrenos -que inició la investigación del caso Caval en febrero de 2015- se hizo pensando en el aumento de la plusvalía que se generaría con el cambio de uso de suelo de rural a urbano.
Díaz está formalizado por soborno de dos funcionarios municipales, tras realizar 15 pagos a Cynthia Ross (que trabajaba en la Dirección de Obras de Machalí) por $61 millones, y 19 pagos por $55 millones a Jorge Silva Menares (ex jefe de la Dirección de Obras de la alcaldía) y a su esposa, Marisol Navarrete, para supuestamente impulsar el cambio del plan regulador.
El gestor inmobiliario trabajaba además para el síndico de quiebras Herman Chadwick, quien le pagó $415 millones en honorarios por sus servicios.
Los tres terrenos de Machalí, que luego adquirió por $9.500 millones al empresario rancagüino Hugo Silva, estaban dentro de las comunas que se verían beneficiadas con una posible modificación del Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Rancagua, lo que finalmente no se concretó.
