El diputado Felipe Ward (UDI).
El Mercurio/ Archivo
SANTIAGO.- Luego que la Presidenta Michelle Bachelet
se querellara contra la revista que difundió escuchas telefónicas que la involucraban en el denominado caso Caval, desde la oposición respetaron su derecho, aunque indicaron que las acciones judiciales deberían ir enfocadas en quienes emiten los juicios.
Para el diputado Felipe Ward (UDI), estas acciones judiciales "yo creo que corresponde enfocarlas en relación a la persona que ha emitido estos juicios que son falsos. Yo creo que la Presidenta tiene una responsabilidad política en el caso Caval, pero no tiene una responsabilidad judicial, ella no está siendo investigada por ningún tribunal".
"Yo defiendo la libertad de expresión, el derecho que tiene la prensa a entregar información que estiman que puede ser útil para la opinión pública, pero obviamente que tenemos un ordenamiento jurídico y si eso resulta ser falso alguien tendrá que responder", acotó Ward.
Ward explicó que "el tipo penal determina que tiene que existir publicidad y la publicidad se la entrega el medio de comunicación que está dando a conocer una declaración que no es del medio, es de una persona cuya credibilidad está bastante en duda (...) perfectamente podría haber una segunda querella".
Más duro en sus palabras fue el senador Víctor Pérez (UDI), quien comentó que "la Presidenta tiene el legítimo derecho de presentar querella. A mí lo que me llama profundamente la atención es que llevamos más de un año de filtraciones e imputaciones no probadas a miles de personas de distintas partes del espectro político y todos aceptan menos ella, la Presidenta de la República".
Para el senador, "si uno respeta la libertad de expresión, tiene que ser en el conjunto de los aspectos. Pero si las filtraciones que no les gustan al Gobierno, van a ser perseguidas y se van a querellar contra los medios, a mí juicio, estamos en un doble estándar claramente inaceptable".
"Aquí los medios, usando libertad, filtran antecedentes, la ciudadanía tendrá que calibrar si esos antecedentes son verosímiles o inverosímiles. Yo creo que lo que filtró Qué Pasa es inverosímil, pero de ahí querellarse contra Qué pasa, me parece un exceso", dijo Pérez.
Desde RN, la diputada Marcela Sabat, consideró que la Presidenta tiene el derecho de recurrir a los tribunales de justicia en defensa de su honra, pero parece imprudente por decirlo menos, que la querella sea contra el medio que develó el Caso Caval, en el que tanto ella como otros miembros de su familia han prestado testimonio en calidad de testigo o incluso de imputado tratándose de su nuera".
"El medio reconoció su error y bajó la publicación, por lo que persistir en acciones legales podría entenderse como una forma de inhibir la libertad de los medios de informar y una Presidenta no debería dar esas señales", acotó Sabat.
En la misma línea, su par Diego Paulsen (RN) aseguró que "nos parece bastante preocupante que hoy el Gobierno quiera ocupar la 'ley mordaza' contra un medio de comunicación como es la revista Qué Pasa, que lo único que hizo fue entregar información relevante en el caso Caval y no lo haga contra Juan Díaz".
Finalmente, Paulsen instó al Gobierno a querellarse contra Juan Díaz "si sus declaraciones son falsas, tal como lo aseguró la Presidenta. ¿Cuál es el miedo de enfrentarse a Juan Díaz en la justicia?. Hago un llamado a que el Gobierno en vez de enfrentar a la revista Qué Pasa en temas judiciales, mejor enfrente a quien entregó la información", concluyó.
