SANTIAGO.- El ministro de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, estudia desde enero pasado el pedido de ampliación de la extradición de la justicia peruana respecto al ex Presidente Alberto Fujimori, quien está recluido en la cárcel de Borbadilla, en Lima, cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad.
De acuerdo a los documentos a los que accedió en exclusiva
Emol, el requerimiento -firmado por el Presidente Ollanta Humala- busca poder imputar dos nuevos ilícitos al ex Mandatario, cuya hija, Keiko Fujimori, es la favorita para llegar a la Presidencia de ese país,
en las elecciones de este domingo.
La petición a la justicia chilena responde a que en 2007 la Sala Penal del máximo tribunal aprobó la entrega del ex jefe de Estado para que sea juzgado en Perú y, según lo establecido en los tratados entre ambas naciones, para poder atribuirle nuevos hechos al imputado se debe pedir la autorización al Estado que extraditó.
Así se puede juzgar por actos distintos a los que motivaron su entrega.
El primero de estos hechos, de acuerdo al escrito, tiene relación con actos relacionados a ilícitos "contra la administración pública-peculado, en agravio del Estado peruano", es decir, por hechos de corrupción.
Pago indebido a directivos de canales
Según se explica en la solicitud, Fujimori, "en su condición de Presidente de la República del Perú, concertó y planificó con su asesor de Alta Dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres, diversas estrategias con la finalidad de viabilizar sus propósitos particulares como el de perpetuarse en el poder", esto es, lograr su reelección y controlar los poderes del Estado.
Para ello, agrega el documento, el ex Presidente realizó -entre otros actos- "el pago indebido a varios directivos de los canales de televisión de señal abierta; dinero que provenía de entidades públicas y de lo cual tenía pleno conocimiento el requerido, según lo afirmaron los funcionarios públicos de su período de gobierno, Carlos Bergamino Cruz, ex Ministro de Defensa; Julio Rolando Salazar Monroe, ex Jefe de Inteligencia Nacional; y José Guillermo Villanueva Ruesta, ex Ministro del Interior".
La ejecución de las estrategias, continúa el escrito, se habrían realizado a tráves de Montesinos Torres "siendo éste quien le rendía cuentas de los gastos incurridos en virtud de una orden", lo que a juicio de la justicia peruana, se trataría de una conducta típica de autoría mediata por dominio de la organización.
El requerimiento apunta específicamente al hecho ocurrido en 1998, cuando Fujimori habría ordenado a Montesinos Torres para que se reúna en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional con el dueño del Canal Cinco Panamericana Televisión, Ernesto Schutz Landázuri, "para que éste otorgue apoyo incondicional al ex presidente Fujimori", resaltando sus obras ejecutadas e iniciando una campaña de desprestigio y limitaciones de sus principales contendores políticos, Alberto Andrade Carmona y Luis Castañeda Lossio.
Todo lo anterior, a cambio de beneficios económicos.
El segundo hecho que la justicia peruana pretende imputar al ex Presidente, corresponde a delitos de homicidio calificado respecto de seis ciudadanos peruanos en Pativilca, Barranca, "perpetrado en 1992 por el grupo paramilitar Colina, en el cual Fujimori habría tenido responsabilidad e influencia en la creación y dirección del destacamento.
El requerimiento ocurre en medio de un escenario en el cual su hija lidera las preferencias en las elecciones presidenciales de este domingo en Perú, por lo que se presume que en caso lograr la jefatura de Estado, podría indultar a su padre debido a que cuenta con la potestad para ello.
Declaración de Fujimori por videoconferencia
Tras la recepción de la solicitud, el ministro Blanco ordenó despachar un exhorto internacional a Perú para que Alberto Fujimori declarara desde ese país, en calidad de imputado, por medio de videoconferencia internacional.
Ello fue autorizado por la Sala Penal de la Corte Suprema el pasado 10 de febrero, indicando que la diligencia se ajusta a los tratados de cooperación jurídica entre Chile y Perú.
De esta manera, el 12 de febrero el máximo tribunal ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que remitiera a Perú el exhorto internacional pidiendo que se concretara el procedimiento requerido.
Perú evalúa ser representado por abogado chileno
Según fuentes de la Cancillería peruana, el Gobierno de ese país estaría evaluando contratar a un abogado chileno que represente sus intereses en el procedimiento de ampliación de extradición, considerando que el 2011 ya habían perdido una solicitud similar ante la Corte Suprema.
Por ello, estarían evaluando contactar al abogado Alfredo Etcheberry, con quien ya trabajaron para la extradición pasiva de Fujimori el año 2005, y al abogado Eduardo Picand, quien hasta marzo pasado se desempeñó como Director de la Unidad de Extradiciones de la Fiscalía Nacional.
