SANTIAGO.- Finalmente, este lunes 6 de junio se conocería si el desaforado senador Jaime Orpis deberá o no ingresar a la cárcel tras la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, el Consejo de Defensa Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Ello, en el marco de la formalización por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco que enfrenta el parlamentario, investigado en el denominado caso Corpesca.
Lo anterior, debido a la extensa argumentación de su defensa -encabezada por los abogados Sergio Rodríguez y Carlos Cortés- que ha extendido sus alegatos por más de diez horas entre jueves y viernes.
Una vez culminada su fundamentación, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago dará paso a las réplicas que podrían realizarse el lunes, para luego conocer la decisión del tribunal.
Entre sus descargos, los abogados del legislador explicaron que los delitos atribuidos a su representado, considerando las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial a la investigación, no consideran penas efectivas de cárcel, por tanto, no se sustenta la necesidad de cautela de prisión preventiva.
Ello, porque -según expusieron- el legislador nunca incurrió en delitos de cohecho ni actuó ante el Senado en representación de los intereses de Corpesca, ya que al momento de votar proyectos de ley, Orpis siempre lo hizo "siguiendo el acuerdo político o las recomendaciones, en la medida de su criterio personal".
En la misma línea, la defensa agregó que en los años que son materia de la indagatoria, no existía en Chile una Ley de Lobby, por tanto, era parte de la cultura legislativa de ese entonces que los parlamentarios se reunían con diversos actores, tanto del mundo sindical como empresarial, de manera formal o informal.
De esta manera, justificaron los correos con minutas enviados por el ex ejecutivo de Corpesca, Francisco Mujica a Orpis, agregando que es en este escenario donde se le enviaban propuestas de indicaciones a su representado.
Cargos contra Orpis
De acuerdo a la investigación de la fiscal Ximena Chong, el legislador habría infringido los deberes propios de su cargo al aceptar pagos de Corpesca como incentivo por actuar en el Senado en beneficio de la compañía, recibiendo un total de $233 millones de parte de la firma.
Estos habrían sido divididos en pagos mensuales que bordeaban los $4 millones.
Para justificarlos, también obtuvo boletas de otros profesionales cercanos a él, por servicios jurídicos, de arquitectura y asesorías que no fueron realizados.
Así, habría facilitado 76 boletas de honorarios ideológicamente falsas a la pesquera, las que fueron incorporadas en los registros contables de la pesquera reconocidos como gastos, lo que permitió a la empresa, además, rebajar impuestos.
Todos estos hechos, de acuerdo el Ministerio Público, suman penas que superan los 5 años de cárcel, por tanto, su cumplimiento sería de manera efectiva.
