SANTIAGO.- Este jueves la Novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los argumentos de la Fiscalía y la defensa del desaforado senador Jaime Orpis, para anular el fallo del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que dejó con arresto domiciliario total al parlamentario, tras ser formalizado por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco, en el marco del denominado caso Corpesca.
Mientras el Ministerio Público buscará la prisión preventiva para el legislador, por considerar que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, los abogados del parlamentario intentarán levantar todas las medidas cautelares por considerar que no hay antecedentes respecto a la participación de Orpis en los delitos imputados.
A juicio de la fiscal Ximena Chong, quien ha encabezado la investigación que ahora dirige el fiscal regional de O´Higgins, Emiliano Arias, durante los años 2009 a 2013 el senador estuvo a disposición de los ejecutivos de la pesquera y representó los intereses de la compañía a cambio de beneficios económicos, infringiendo -de esta manera- los deberes propios de su cargo.
Según detalló durante su formalización, incluso, el imputado utilizó los dineros entregados por Corpesca para pagar contribuciones, lavandería y tarjetas de crédito, además de destinar parte de los fondos para pagar su membresía en el Club de Yates y algunas deudas políticas.
En total, según las pesquisas del Ministerio Público, fueron 76 boletas de honorarios ideológicamente falsas las que entregó a la empresa a través de documentos emitidos por sus cercanos, las que bordean los $233 millones.
La gravedad de estos hechos y su reiteración en el tiempo, por tanto, fundamentan su pretensión respecto a que la única medida cautelar acorde es la prisión preventiva.
Defensa
Por su parte, la defensa de Jaime Orpis -encabezada por los abogados Sergio Rodríguez y Carlos Cortés- insistirá en que el legislador nunca incurrió en delitos de cohecho ni actuó ante el Senado en representación de los intereses de la pesquera, recalcando que al momento de votar proyectos de ley, Orpis siempre lo hizo "siguiendo el acuerdo político o las recomendaciones, en la medida de su criterio personal".
En la misma línea, intentará acreditar que en los años que son materia de la indagatoria, no existía en Chile una Ley de Lobby, por tanto, era parte de la cultura legislativa de ese entonces que los parlamentarios se reunían con diversos actores, tanto del mundo sindical como empresarial, de manera formal o informal, justificando de esta manera los correos con minutas enviados por el ex ejecutivo de Corpesca, Francisco Mujica, al senador.
