SANTIAGO.- Un subdirector en retiro de Gendarmería solicitó a la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) -institución a la que están adscritos los oficiales- una pensión mensual de $5.023.632 mediante la resolución N°343/15. Una maniobra similar realizaron también otros tres coroneles, quienes pidieron el retiro con montos de $4.929.229, $4.657.791 y $4.401.441.
Estos montos, tramitados por los funcionarios superan en al menos dos millones de pesos lo que reciben los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el General Director de Carabineros y el director general de Investigaciones cuando llega el momento de jubilarse, según consigna El Mercurio en su edición de este sábado.
"Un comandante en jefe (de las FF.AA.), dada la cantidad de años de servicio, que es sobre los 30, sigue recibiendo su última renta como pensión", detalla al diario Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de Capredena. Esta cifra, se estima podría estar cercana a los $3.300.000, monto que sería similar en el caso de las policías civiles, de acuerdo a fuentes de las instituciones.
La forma de solicitar estos montos es "presentar sus antecedentes ante Dipreca, y esta calcula nuestra prensión en relación al último sueldo", detalla Alberto Figueroa, comandante y presidente de la asociación nacional de oficiales de Gendarmería en el país.
"Va a depender del cargo del oficial, si está en un cargo de responsabilidad o de confianza, una asignación que puede aumentar su sueldo respecto de otros oficiales", agrega Figueroa y explica que "ha habido algunas pensiones abultadas (...) que dicen relación con las asignaciones que hayan recibido al momento de irse jubilados" los funcionarios.
Por su parte, el presidente de la asociación de suboficiales y gendarmes, sargento segundo Joe González, sostiene que en el último tiempo se ha revisado "una mala distribución o mal uso de algunas asignaciones que podrían haber abultado jubilaciones en la planta te oficiales"; situación que critica duramente y asegura que de comprobarse la situación "es bastante grave, y no debería ocurrir".
Ante esta situación, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, emitió un dictamen que estableció el criterio que se tomaría al momento de establecer el pago de pensiones para los funcionarios de Gendarmería.
En el documento, además de considerar ilegal el pago de las altas pensiones, determinó que estas remuneraciones no podían exceder el tope legal de 60UF ($1.524.000) que se aplica a otros funcionarios públicos.
La medida fue altamente criticada por Viviana Camilo, presidenta del gremio de técnicos y profesionales del servicio quien lamentó que quienes se van con altas pensiones son "los uniformados (...) que se abultan las pensiones porque se van con una función crítica (una asignación especial), que es para cuando están activos, pero se la llevan igual".
Además, añadió que el contralor "debió atacar lo que corresponde, el mal uso por parte de algunos oficiales, y no generar un dictamen que afecta a todo el personal, y en especial a nuestra planta, que no ha cometido abuso".
