SANTIAGO.- Luego de que el senador Baldo Prokurica y la diputada Paulina Núñez (ambos RN) enviaran el 6 de junio pasado una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, pidiendo el cese de las pensiones en el caso de falsos exonerados políticos que detectó la Contraloría en 2013, ayer Presidencia respondió que dicha facultad le corresponde al Ministerio del Interior.
Así, remitió los antecedentes al subsecretario Mahmud Aleuy, solicitando "una respuesta directa" y para que adopte las medidas pertinentes para "el esclarecimiento de esta materia".
Según señala "
El Mercurio", los parlamentarios habían hecho la misma solicitud al Instituto de Previsión Social (IPS) en 2015, pero el organismo contestó que "el cese de las pensiones corresponde a la autoridad que la concedió, que como se ha dicho, es el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior".
El 17 de julio del año pasado, el director de dicho organismo señaló en su respuesta que "solo una vez que dicha autoridad disponga el cese de las respectivas pensiones o beneficios, se podrán iniciar las acciones administrativas y legales tendientes a obtener el reembolso de lo pagado indebidamente".
En la respuesta de Presidencia, firmada por la jefa de gabinete de la Mandataria, Ana Lya Uriarte, se indica que "si se adopta la decisión de invalidar alguno de estos actos administrativos, previa determinación del mecanismo que establezca con certeza la legalidad o ilegalidad de dichos actos, en atención a que las calificaciones se realizaron a través del Ministerio del Interior, responsable a su vez de la Oficina de Exonerados, debiese ser el mismo ministerio el órgano encargado de la invalidación de los respectivos actos que dicho ente emitió".
Y agrega: "Lo anterior, en circunstancias de que la ley no establece cuál autoridad administrativa es la competente para efectuar la invalidación". Ellos, porque dice que "las leyes sobre exonerados políticos no regulan expresamente el cese de pagos".
En el texto se señala, además, que para invalidar las pensiones se debe establecer "con certeza que estos actos fueron contrarios a derecho", ya que existen investigaciones penales pendientes, y que "se cumpla con el plazo de dos años para llevar a efecto su validación".
Cita con Fernández
Tras recibir el documento, Baldo Prokurica lamentó que la Presidenta "no diera una respuesta". "Hay mucha gente que ha hecho imposiciones toda la vida y tiene pensiones miserables, y estas personas han recibido recursos que no les corresponden", dijo.
"Nosotros esperábamos, tal cual como nos dijo el IPS, que la Presidenta era la única autoridad que podía resolver este problema, y hoy nos contesta enviándonos ahora al subsecretario del Interior. Las cosas tienen un límite", añadió el senador.
Por su parte, Paulina Núñez afirmó que la respuesta "es una prueba más de que el Gobierno no tiene ni un interés ni voluntad política de cesar el pago a los falsos exonerados".
La diputada indicó que el próximo martes se reunirán con el ministro del Interior, Mario Fernández, para tratar el tema. "Si la Presidenta estima que también debe estar el subsecretario, espero que nos acompañe, pero que dejen de tirarse la pelota de un lado a otro", señaló.
Según Prokurica, el monto mensual que gasta el Estado por este concepto asciende a mil millones de pesos aproximadamente. Y, tal como lo estimó la Contraloría, el IPS desembolsó casi treinta mil millones de pesos indebidamente.
"Que una vez por todas las autoridades hagan funcionar el Estado de Derecho y terminen con este abuso que ha determinado la Contraloría. Aquí hay personas que están recibiendo una pensión que no les corresponde recibir", dijo el senador.
