SANTIAGO.- Como "graves" calificó este miércoles el abogado del Servicio de Impuestos Internos (SII), Benjamín Ríos, los dichos de la defensa del ex ministro de Minería Laurence Golborne, al asegurar que el órgano fiscalizador actuó de manera desigual al presentar querellas contra algunos imputados y sancionar administrativamente a otros.
Lo anterior, luego que Juan Pablo Kinast expusiera sus fundamentos para rechazar la medida cautelar de arresto domiciliario total pedida para su cliente por la Fiscalía y el SII tras su formalización por delitos tributarios, argumentando que ella es "desproporcionada".
"No todos los hechos son equivalentes", explicó Ríos en sus réplicas, afirmando que "no es posible comparar una facilitación durante tres años tributarios, de 25 documentos a 11 empresas distintas por un monto que bordea los 400 millones de pesos, con otros casos de facilitación que se han llevado ante la justicia tributaria y aduanera, que son por cinco documentos y por montos que -muchas veces- no superan los $5 millones".
"Lo que ha señalado el defensor demuestra un grave desconocimiento acerca de la normativa que rige en esta materia, porque además, si él se hubiera dedicado a estudiar un poco antes de hacer esta grave acusación, se habría dado cuenta de que no se trata de una multa administrativa", agregó.
Por ello, afirmó que "es una vergüenza comparecer a una audiencia a hablar sin entender lo que esta diciendo", ya que -a su juicio- "cualquier persona que se dedica a estudiar estos temas" puede discernir en qué casos es conveniente una persecución penal y en cuáles no.
Benjamín Ríos, en representación del SII, se allanó a la pretensión del Ministerio Público y solicitó como medida cautelar para Laurence Golborne el arresto domiciliario total y arraigo nacional.
Según fundamentó, existen 50 delitos que se le pueden atribuir al ex presidenciable, ya que hay 25 hechos que tienen relación con la emisión de facturas falsas y 25 actos de evasión de impuestos a las donaciones.
A su vez, agregó que la ex autoridad actuó de manera delictual para recaudar financiamiento político, concertado con terceros para defraudar al fisco, ocasionando un perjuicio de $12 millones a través de 25 documentos falsos emitidos a diversas empresas por servicios inexistentes.
Por último, descartó las atenuantes de colaboración sustancial y reparación celosa del mal causado, lo que agrava la pena que podría enfrentar el imputado en caso de ser declarado culpable.
