SANTIAGO.- El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, se refirió ayer a la decisión del organismo de no apelar la resolución de la ministra Mireya López, quien resolvió
sobreseer parcial y temporalmente a 54 parlamentarios que investigó en el caso de los exonerados políticos.
Según consigna
"El Mercurio", en esta arista de la causa, la magistrada indagó los delitos del artículo 203 del Código Penal -que sanciona al empleado público que librare certificación falsa de mérito o servicios, de buena conducta, de pobreza, o de otras circunstancias semejantes de recomendación- y por falsificación de instrumento privado.
"En esta arista se sobreseyó a aquellas autoridades políticas respecto de las cuales no se pudo acreditar que hubieran expedido certificaciones mendaces. Por lo tanto, estas resoluciones que sobreseen a las autoridades políticas solo vienen a ser complemento natural del sobreseimiento anterior del respectivo exonerado", aseguró Piña.
El presidente del CDE subrayó que "los sobreseimientos de autoridades no alcanzan aquellas causas donde sí hay personas procesadas y condenadas por la obtención fraudulenta de los beneficios de exonerado políticos".
La ministra en visita extraordinaria separó la causa por tipos de casos, formando once cuerdas de investigación. De ese universo, sometió a proceso a trece personas, respecto de las cuales se demostró que eran falsos exonerados. En el resto de los casos, luego de un análisis de antecedentes, se llegó a la convicción de que no existía mérito alguno para la condena, y que no había falsedad. En la investigación de la magistrada han sido sobreseídos 12.300 casos de los 18.600 indagados originalmente.
Piña destacó de la sentencia de la jueza el considerando 19° que se refiere "a la eventual responsabilidad de todas aquellas autoridades políticas que hayan emitido documentación en casos de beneficiarios procesados o condenados en esta causa. Esto es, sin perjuicio de las investigaciones que, por su fecha, siguen su curso en el Ministerio Público".
El presidente del CDE explicó que "no hay ningún exonerado que se encuentre procesado o condenado por estas defraudaciones que esté recibiendo beneficio alguno. Y en los casos que lleva el Ministerio Público, ha sido el propio Instituto de Previsión Social el que ha suspendido el pago".
De los 13 falsos exonerados políticos que determinó la ministra, se decretó -por petición del CDE- la cautelar de suspensión del beneficio, ya que todas fueron procesadas por obtención fraudulenta de pensiones.
La resolución de la jueza a la que no apeló el organismo fue dictada el 17 de junio. El CDE tomó conocimiento del fallo el jueves 23 de junio en el Comité Penal; y el plazo para recurrir vencía el viernes 24 de junio, por lo que la decisión ya quedó ejecutoriada.
Piña no se encontraba en la sesión del jueves pasado, ya que retornó el sábado del viaje a la Corte Interamericana de La Haya en su calidad de coagente chileno en el litigio con Bolivia por las aguas del Silala.
Diligencias
Al ser consultado acerca de si solicitarán diligencias en el futuro en los casos donde existe una presunción de que puedan ser falsos los certificados de los parlamentarios, explicó: "Esta cuerda undécima de la investigación (la de los 54 parlamentarios) se encuentra agotada".
Agregó: "Todas las diligencias para arribar a la conclusión de sobreseimiento o procesamiento en las otras cuerdas para los exonerados determinan, consecuencialmente, si el certificado de la autoridad política fue el fundamento o no de un fraude en la obtención de beneficios fiscales. Luego, si no hay falsedad en la solicitud de dichos beneficios -no se está dentro de los 13 casos-, es absolutamente coherente el sobreseimiento de la autoridad política, sin ulteriores diligencias".
El presidente del CDE aseguró que en la decisión hay que comprender el contexto de los sobreseimientos que se dan en esta cuerda y el estado de avance de la investigación.
"Habida consideración del volumen de casos -unos 50.000-, la ministra en visita separó en diferentes cuerdas. Esta cuerda XI la reservó para analizar todas aquellas certificaciones por parte de las autoridades políticas que sirvieron para justificar los beneficios de los exonerados, en las otras 10 cuerdas se centralizó en analizar el actuar del beneficiario con el fin de determinar en cada uno de los casos la posibilidad de fraude. De ahí que en esta cuerda undécima la investigación se encuentre agotada".
