La familia Luchsinger ha sido víctimas de atentados incendiarios en la zona del conflicto mapuche.
Mario Quilodrán, El Mercurio
SANTIAGO.- En una medida calificada como inédita y como una intromisión de un poder del Estado en otro, el Juzgado de Garantía de Temuco autorizó ayer a uno de los imputados por el asesinato del matrimonio Luchsinger Mckay a asistir el próximo 6 de julio a declarar ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados.
Se trata de José Peralino, quien fue invitado para relatar las "graves situaciones" que dice vivir desde fines de marzo, cuando confesó haber participado —junto a otras 11 personas— del atentado incendiario que le costó la vida al matrimonio Luchsinger McKay, señala "
El Mercurio".
La controvertida decisión fue adoptada por la jueza de garantía Caroline Guzmán, quien con ello levanta —por tres días, entre el martes 5 y el jueves 7— el arresto domiciliario total que rige para Peralino desde el 30 de marzo, previo pago de una fianza de $300 mil.
Lucy Catalán, defensora Penal Mapuche de Temuco, explicó que el artículo 155 del Código Procesal Penal permite que un juez suspenda la medida cautelar por razones y fundamentos que pida el imputado.
"El fundamento es que está citado para que participe en la Comisión de DD.HH.", dijo la abogada, quien precisó que Peralino podrá viajar por sus propios medios hasta Valparaíso. "No corresponde que lo haga Gendarmería, ya que no está bajo la tutela de ningún organismo público. (…) Para concurrir, él lo puede hacer solo y libremente".
El fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, en cambio, criticó la decisión por estimar que ello vulnera el Artículo 76 de la Constitución, según el cual "ni el Presidente de la República ni ningún otro poder del Estado pueden involucrarse en causas que aún están pendientes, y aquí hay una causa pendiente".
Fuertes reacciones
Fue el diputado Hugo Gutiérrez (PC), quien, luego de visitar a Peralino en Temuco, presidió la la Comisión de DD.HH. de la Cámara ante la ausencia de su titular, Tucapel Jiménez (PPD). Allí denunció una serie de "situaciones delicadas" que afectaban al comunero, como "la interferencia de las comunicaciones de los abogados, haber sido obligado a declarar en contra de la machi y el resto de los comuneros, y que en la primera audiencia ante el juez de garantía se había retractado de lo que había dicho ante la PDI, cosas que constaté y que me parecieron graves".
Tras esto, y según consta en el acta N° 87 de la sesión del 1 de junio pasado, el diputado Felipe Letelier (PPD) propuso invitar a la comisión tanto a Peralino como al director de la PDI.
Pese a no haber estado presente, Jiménez (PPD) respaldó la decisión, afirmando que "tratar de escuchar a todo el mundo ha sido la política de la Comisión de Derechos Humanos desde siempre".
Precisó que pese a la invitación a Peralino "no hay una posición de apoyo ni de rechazo, solamente queremos escuchar lo que él quiere plantear, después veremos qué se puede hacer".
Distinta es la postura del diputado y miembro de la instancia Diego Paulsen (RN), quien aclaró que la invitación no fue por unanimidad. Y coincidió en calificarla como la interferencia de un poder del Estado sobre otro, sin tener las facultades para ello.
"Aquí la intromisión que está haciendo un poder del Estado a un proceso judicial pendiente, además con opiniones sesgadas de un diputado que vino a la región, creo que no contribuyen en nada al legítimo derecho de defensa que pueda tener cualquier persona", opinó.
Felipe Kast (IND) agregó que "lo inédito es que tenemos hoy una comisión donde el diputado Hugo Gutiérrez se ha caracterizado por utilizarla muchas veces para marcar la agenda que él quiere imponer".
El senador Alberto Espina (RN) fue aún más duro, al afirmar que la autorización de la jueza "es una burla a la vigencia del Estado de Derecho", y agregó que "hay jueces que francamente violan la ley con todo descaro, lo que es inaceptable y debe ser corregido por la Corte de Apelaciones de Temuco".
