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Santiago: Jueves 30 de enero del 2025 | Actualizado 02:06
SANTIGO.- En las últimas semanas, las críticas al Servicio Nacional de Menores (Sename) han recrudecido. La llaman una institución en crisis terminal, la acusan de convertirse en un servicio de "cuoteos" y la Asociación de Funcionarios -la más numerosa de la entidad- hace pocos días catalogó la situación que se vive como "caos institucional".
El abogado Hugo Herrera Andreucci asumió el cargo en medio de estos problemas. Se desempeñaba como jefe del Departamento de Justicia Juvenil cuando se le pidió la renuncia a su antecesora, Marcela Labraña, tras la muerte de una niña en un centro administrado por el Sename.
No rehúye de la palabra "crisis". Incluso la usa para explicar la situación que vive el Sename, pero pide un diagnóstico más completo, con ribetes históricos.
"Ahora hay una focalización muy importante de los niños que están en residencias. En 1990, en Chile había más de 60 mil niños en residencia. Hoy día tenemos 8 mil y eso es un avance en lo que es la política de la infancia", dice en entrevista con El Mercurio.
También sugiere contextualizar la restitución de los derechos de niñas y niños señalados en la Convención de los Derechos de Niño. "Es muy importante este elemento para responder la pregunta sobre la crisis", señala. Y explica que "Sename tiene la función legal de restituir los derechos de los niños, pero no todos los derechos. Hablamos de los derechos especiales, como el maltrato, el abuso sexual, la explotación sexual infantil, el trabajo infantil".
E insiste: "Cuando hablamos de crisis en el Sename, porque creo que hay una crisis institucional por motivos que están puesto en la agenda desde el año 1994 -que es la primera vez que se comienza a hablar de la necesidad de hacer una separación de las funciones del servicio-, es necesario construir los espacios de garantías de estos derechos no especializados (salud, educación, entre otros)".
Señala que a través del Plan Protege se inició un trabajo interinstitucional en favor de estos niños. "Estamos trabajando con Salud, Educación, Senda, por primera vez, en un sistema integrado para atender a los niños y niñas vulnerados en todos sus derechos" y no sólo los señalados en la Convención, aclara.
Niega un quiebre entre los funcionarios y los directivos. También que las críticas sean generalizadas. "Creo que si hay opiniones negativas de los dirigentes, es de uno solo; acá tenemos ocho asociaciones de funcionarios, tres a nivel nacional, de 4.400 funcionarios. Y tampoco ha sido la plana directiva completa de una asociación la que ha hecho críticas negativas".
Consultado sobre si los funcionarios temen por los cuestionamientos sobre su calidad profesional, Herrera afirmó que "mucha gente ha hecho ese tipo de comentarios, no solamente ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Pero creo que en todas partes se pueden cometer errores, en todas partes puede haber negligencias. Estamos trabajando en subir los estándares de calidad de los funcionarios que llegan".
"Debemos ser mucho más rigurosos no solo en los test psicológicos (de los funcionarios nuevos) sino que también en el trabajo con los niños", para evitar que ingresen pedófilos o personas con tendencias contrarias al bienestar de los menores.
Además, afirma que "no hay cuoteos políticos. Y hoy se discute en el Congreso la designación de los directivos por Alta Dirección Pública. Para mí es una excelente noticia que esto vaya a ser así. Es uno de los buenos logros de la Comisión Engel. Y yo seré el primero en concursar y participar de aquello", afirma.
En cuanto a las residencias, asume las críticas de las entidades colaboradoras, que se quejan de que ellos atienden el 97% de los niños que ingresan a la red Sename, pero que los recursos transferidos corresponden solo al 64% de los fondos disponibles. Mientras tanto, el Sename -acusan- se encarga del 2,6% de los niños y niñas en el sistema y ocupa el 36% del presupuesto anual.
"No veo problema. El Sename, desde el 2005 funciona con una ley de subvenciones. Y la subvención no es el pago completo de la ejecución a realizar. Entiendo la crítica, pero no es válida desde el punto de vista del funcionamiento", responde.
También señala que están enfrentando las observaciones hechas por la Contraloría y la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados respecto de la calidad de las residencias. "Hemos dado cuenta de más del 70% de estas observaciones, tenemos recursos extraordinarios para invertir en las residencias de nuestras instituciones colaboradoras, hemos reparado 121 residencias a lo largo del país, hemos cerrado nueve e intervenido otras (administración provisional)", explica. Este año van a reparar otros centros.
"No solo hay que mejorar la institucionalidad de lo que hacemos con los niños, sino que también lo regulatorio. Nosotros no tenemos fiscalización, tenemos supervisión, que es distinto por ley". Y eso es un tema que debe subsanarse, plantea el director.
