SANTIAGO.- La jueza del Caso Exonerados, Mireya López, explicó por qué sobreseyó temporalmente a 54 parlamentarios que fueron investigados por la emisión de cientos certificados que en su resolución califica como falsos, y que acreditaban despedidos de trabajadores del sistema público por motivaciones políticas durante el gobierno militar.
En conversación con "El Mercurio", aseguró que "cuando hablo de certificados falsos me refiero a la falsedad material y no ideológica. Esto significa que alguien falsificó la firma al político".
"Por ejemplo, tengo muchos certificados de un ex diputado de la IV Región en los que aparece una firma parecida a la de él, pero está falsificada. En estos casos abrí otra arista y llamé a los parlamentarios, y se realizaron pericias caligráficas", añadió.
La jueza López afirmó que también interrogó a los asesores que trabajaron con los congresistas, para determinar quién las falsificó. Y ahondó en su decisión de sobreseimiento.
"Estos casos fueron sobreseídos parcialmente por el artículo del Código de Procedimiento Penal 409 N° 2, que significa que habiendo delito no se logró encontrar al autor de la falsificación", dijo.
"El perito caligráfico revisó todos los certificados falsos y en el caso de cada político se determinó que la falsificación, por lo general, provenía de una misma mano", aseguró.
Según recordó la magistrada, "todos negaron haber dado instrucciones a terceros en ese sentido; el problema es cómo encontrar a ese tercero, autor de la falsificación".
Consultada por si los legisladores tenían alguna responsabilidad al actuar como ministros de fe, respondió: "No, no podemos decir que es un ministro de fe, pero es una autoridad que da cuenta de un hecho y uno espera que pudiera fundar la razón de su afirmación; es por eso que hablo de laxitud".
López aseguró que usó dicho término, "porque ellos dicen que no recuerdan los casos por los que se les preguntó, salvo escasas excepciones. Tampoco dan cuenta de un control de los certificados emitidos, no recuerdan las empresas en la que habrían trabajado dichas personas y estiman que el certificado solo fue un antecedente más, pero no determinante".
"Tampoco consideraron necesario indicar la fuente de información de lo que se aseveraba, salvo escasas situaciones", completó.
En este sentido, manifestó: "Yo tengo que demostrar que el contenido del certificado es falso. Para ello no basta la confesión de un parlamentario sobre cómo emitió el documento. Debo demostrar que la afirmación es falsa, que esa persona no trabajó en el lugar que dice el certificado".
La magistrada explicó que allí radica el problema. "En eso hemos trabajado durante tres años, para comprobar si la persona trabajó o no en el lugar de donde se dice fue exonerada. Y es allí, dada la época en que ocurrieron los hechos, donde la prueba falla, ya sea por pérdida o por destrucción masiva de antecedentes laborales que comprenden hechos de más de cuarenta años atrás".
Respecto de por qué no ha pedido toda la información de los 144 mil exonerados, sostuvo que "porque ellos gozan de presunción de legalidad; todos los actos de la administración gozan de esta presunción".
"En consecuencia, solo revisamos 18.599 casos que fueron cuestionados por la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior, el querellante Cristian Letelier (hoy ministro del TC) y las denuncias particulares que llegaron al tribunal", expresó.
El sobreseimiento es temporal en la arista de los 54 políticos, por lo que señaló que si surgen nuevos antecedentes y se presenta una querella, o se hacen parte parlamentarios, "se reabre la investigación".
"De hecho, el Consejo de Defensa del Estado me apeló un sobreseimiento de otra cuerda (relacionada con exonerados políticos) que no está dentro de los trece casos. Lo reabrí y decreté nuevas diligencias. El caso siempre se puede reabrir si llega un nuevo antecedente. Hoy quedan muy pocos casos por resolver. Yo ahora vuelvo a la Corte porque termina la dedicación exclusiva", manifestó.
La jueza López precisó que hasta ahora solo se han detectado 13 personas que han obtenido fraudulentamente una pensión, de los 18.599 casos que investigó y que quedaron acotados en 6.452 causas. Esto, luego que enviara 6.153 a la fiscal Ximena Chong por competencia de la reforma procesal penal.
La entrevista completa a la magistrada la puedes leer
aquí.
