SANTIAGO.- Junto con establecer la gratuidad y sancionar el lucro, el proyecto de educación superior que el Gobierno envía este lunes al Congreso establece otra serie de cambios profundos al sistema.
Uno de ellos es la acreditación de las instituciones, que hasta ahora era voluntaria, y en rangos que podían ir de 2 a 7 años. Además, los planteles que no obtenían la certificación podían seguir funcionando, sólo que sus alumnos nuevos dejaban de recibir ayudas estatales.
Sin embargo, con la nueva legislación, la acreditación será obligatoria para las instituciones y se entregará por un plazo uniforme de 8 años.
Habrá tres niveles de acreditación –A, B y C–, y un estado condicional transitorio, en el cual la institución podrá estar sólo una vez.
En caso de que la institución no se acredite, se nombrará un Administrador Provisional, cuya misión será lograr que el plantel se certifique. En caso de que no pueda conseguirlo en un plazo de 3 años, se procederá a su cierre.
La acreditación será en 5 áreas obligatorias: gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. Hasta ahora, éstas dos últimas eran optativas para los planteles. Esto quiere decir que ahora todas las universidades deberán realizar no sólo docencia, sino también investigación, para poder funcionar.
La acreditación estará a cargo de una nueva entidad, el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, que reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
Éste será un servicio público autónomo, compuesto por once miembros que serán elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública y estarán sujetos a reglas de probidad públicas.
El proyecto de ley también establece un nuevo sistema de admisión para la educación superior: el Sistema Común de Acceso a la Educación Superior, que estará a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior, en lugar del Consejo de Rectores, como es hasta ahora.
Anoche la Presidenta Michelle Bachelet indicó que esto implicará que se someterá a revisión la PSU. Mientras que la ministra de Educación, Adriana Delpiano, detalló esta mañana que abarcará a más instituciones que las que hoy integran el sistema de admisión a cargo del DEMRE.
Este sistema también considerará a los institutos profesionales y centros de formación técnica, creando mecanismos específicos de ingreso para esos planteles.
Se limita reelección de los rectores
El proyecto también establece un “trato especial” para las universidades estatales, las que recibirán un financiamiento basal exclusivo, cuyo monto no ha sido detallado. También se eliminarán algunos controles a los que hoy están sometidas y que dificultan su gestión, como las tomas de razón de Contraloría, para que queden en condiciones equivalentes a las universidades privadas.
Además habrá un fondo especial para la investigación, al que pueden optar todas las universidades que estén en la gratuidad.
Pero también se establecerán deberes a las universidades estatales, y un modo de gobierno, que considerará la participación de la comunidad universitaria y del Estado. Así, el rector será electo únicamente por académicos, su cargo durará 4 años y se limitará la reelección hasta por un solo período consecutivo.
Mientras que en el Consejo Directivo, habrá cuatro representantes del Presidente de la República, elegidos por Alta Dirección Pública, además de representantes de los académicos, y del Órgano Superior, que representa a todos los estamentos (incluidos los estudiantes).
