SANTIAGO.- Un 17 % de los estudiantes expulsados en 2015 no volvió a matricularse en el mismo año y un 10% lo hizo, pero repitió de curso. Es decir, un 27% perdió el año escolar.
Así lo revelan las cifras del Primer Informe Nacional sobre Expulsión Escolar de la Superintendencia de Educación sobre los efectos de la expulsión en Chile, dado a conocer en el seminario La inclusión me incluye: Hacia una disciplina formativa en la escuela, realizado en el Aula Magna de la Universidad Católica de Chile.
El reporte analiza lo ocurrido en 2015, el último año antes de la vigencia de la Ley de Inclusión el 1 de marzo pasado, y se basa en 490 denuncias recibidas por la institución a nivel nacional.
62%
de las sanciones obedeció a acumulación de faltas disciplinarias
Un desglose de las cifras revela que el 62% de las sanciones aplicadas por los establecimientos obedece a la acumulación de faltas disciplinarias por problemas de adaptación a las normas de la escuela, como hablar por celular, molestar a compañeros o gritar en la sala.
Un 31% por situaciones relacionadas con violencia y riesgo, entre las que predominan la de agresión entre pares y, en menor medida, las de hurto, porte de armas y consumo de marihuana, cigarros y/o fármacos, entre otros, y un 7% por casos de variado origen, como problemas con apoderados.
Datos por curso
De acuerdo a las cifras, Primero Medio es el curso más afectado, con un 16,7% de las expulsiones; seguido de 4° Medio (11,6%) y Octavo Básico, con un 11,1%.
Especial énfasis coloca el estudio en que incluso desde el nivel parvulario se registran sanciones de expulsión, en general por conductas de disciplina asociadas a hiperactividad, con casos en pre kínder (2%) y kínder (2,4%),
76%
de los estudiantes expulsados en 2015 fueron hombre
El género más afectado con esta medida es el masculino, con un 76%. Es decir, tres veces más que el femenino (24%). Por sexo, los hombres presentan, también, una mayor frecuencia de denuncias asociadas a conductas de riesgo.
En cuanto a la dependencia, todas presentan casos de expulsión, con un 58% de los establecimientos particulares subvencionados; un 34% de los municipales; un 5% de los particulares pagados y un 3% de los de Administración Delegada, lo que tiene directa relación con la matrícula.
Ley de Exclusión
En lo que va de 2016, la Superintendencia ha recibido 78 expedientes de expulsión y 207 denuncias por esta causa de parte de padres y apoderados.
La Ley de Inclusión contempla la medida de expulsión y cancelación de matrícula ante situaciones graves, precisando, sin embargo, que éstas "solo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el Reglamento Interno del establecimiento y, además, afecten gravemente la convivencia escolar".
La normativa precisa, asimismo, que la aplicación de esta sanción, de carácter extremo y excepcional, debe estar sujeta al debido proceso, con etapas de reconsideración, y ajustada a los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria; con previa comunicación a los padres de la inconveniencia de estas conductas y sus posibles sanciones, junto a acciones de apoyo pedagógico y psicosocial a los estudiantes afectados.
La jornada fue encabezada por el superintendente de Educación, Alexis Ramírez, y contó con la participación de Humberto Maturana, Premio Nacional de Ciencias; y de Isidora Mena, directora ejecutiva de Valoras UC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas-ACHNU, y Carolina Hirmas, responsable Área Formación Docente de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI.
