En el nivel "A" quedarían los planteles que tengan 7 años de acreditación, en el "B" los con 5 y 6 años, y en el "C" aquéllos con 4 y 5 años.
Emol
SANTIAGO.- Uno de los cambios que plantea el proyecto de ley de educación superior es un nuevo sistema de acreditación para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Este sistema estará a cargo del Consejo para la Calidad de la Educación (que reemplazará a la CNA) y la acreditación será obligatoria, entregándose por un plazo uniforme de 8 años a todas las instituciones que se certifiquen en cinco áreas, incluyendo investigación y vinculación con el medio (que hoy son optativas).
Si bien todas las instituciones que obtengan la acreditación deben tener calidad, se clasifica a los planteles en tres niveles –A, B y C–, en la medida que tengan mayores atributos.
De acuerdo a lo que señala el proyecto de ley, cuando recién comience a operar este sistema, las instituciones serán clasificadas en base a los años de acreditación que tengan en ese momento.
Así, aquéllas que tengan 7 años de acreditación en el sistema actual y estén certificadas en todas las áreas, quedarán en el nivel "A" –el máximo–.
Según ese criterio, actualmente sólo quedarían en ese nivel la Universidad de Chile y la Universidad Católica, ambas con 7 años de acreditación en todas las áreas.
De los institutos profesionales, el único que tiene 7 años de acreditación es DUOC UC, pero no cumpliría con el requisito de estar certificado en todas las áreas.
En tanto, las instituciones que tengan seis años de acreditación o cinco, pero en todas las áreas, quedarán en el nivel "B".
Aquí quedarían las universidades de Santiago, de Concepción, Católica de Valparaíso, Austral y Católica del Norte (todas con 6 años); y las universidades Federico Santa María, de Talca, de La Frontera, de Los Andes, Adolfo Ibáñez y Alberto Hurtado (con 5 años de acreditación en todas las áreas).
Finalmente, el proyecto indica que los planteles que tengan cuatro o cinco años de acreditación serán homologables al nivel "C", grupo en que también quedarían aquéllos que tienen menos de cuatro años de acreditación, pero que están adscritos a la gratuidad. Esto beneficiaría a algunas universidades estatales que actualmente tienen menos de cuatro años de certificación.
El proyecto no detalla qué pasará con las universidades privadas que tienen menos de 4 años de acreditación o que no están certificadas. Lo que sí establece es que la acreditación será obligatoria para todos los planteles a partir del 1 de enero de 2019.