SANTIAGO.- El 8° Juzgado de Garantía de Santiago aceptó suspender el proceso contra diez de las 17 personas formalizadas este miércoles, en el marco de la arista por cohecho del caso SQM, que persigue presuntos financiamientos irregulares de la política.
Se trata de cercanos a Pablo Longueira, a quienes se les atribuyó participación en la facilitación de boletas idológicamente falsas por servicios que no fueron prestados. El acuerdo establece la fijación de domicilio y el pago del 5% del monto bruto de la boleta a favor del fisco para luego, en el plazo de un año, poder optar al sobreseimiento definitivo de la causa.
Entre quienes aceptaron el acuerdo, destaca el ganador de las primarias de Chile Vamos en la comuna de Zapallar, Gustavo Alessandri Bacuñán, quien habría emitido boletas a la empresa SQM por instrucción de la asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz "Titi" Valdivieso, previo concierto con el ex senador, ya formalizado en la causa, por un monto total de $25 millones.
Por ello, deberá devolver $1.277.000 mil en tres cuotas y firmar cada dos meses en la comisaría más cercana a su domicilio.
En el caso de Alejandro Arias, éste deberá pagar $277 mil, mientras que Carlos Pérez Ducci, $666 mil a favor del fisco. Cristóbal Larraín, en tanto, deberá desembolsar $555 mil; Gustavo Guiñez, $270 mil; María Loreto Mora, $880 mil más firma bimensual; y Nicolás Ramírez, $555 mil.
Por último, Patricio Contreras deberá pagar al fisco $500 mil; y Rubén Carvacho $277 mil; mientras que la imputada Ana Carolina Palacios, si bien podrá optar a una salida alternativa, esta será discutida en una nueva fecha y hora, por lo que se le decretaron medidas cautelares.
Medidas cautelares
Los otros siete imputados, entre ellos la asesora histórica de Pablo Longueira, Carmen Luz "Titi" Valdivieso, quedaron sujetos a las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual.
A ella se suman Alfonso Mora, Carolina Chamorro, el ex diputado Gustavo Alessandri Balmaceda, Loreto Undurraga, Alejandra Bórquez y Trinidad Subercaseaux.
A todos, la Fiscalía les atribuyó participación en delitos de facilitación y emisión de boletas falsas, por un monto total de $350 millones que habría sido utilizado para financiar de manera encubierta a las fundaciones Web y Chile Justo -creadas por el ex ministro de Economía- y la actividad política de Longueira.
