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Contraloría abrió sumario interno por aprobación de pensiones sobre tope legal

La investigación administrativa abarcaría los últimos cuatro años. Desde 2014 a la fecha, unos 200 empleados han recibido jubilaciones superiores a 1,5 millones de pesos.

08 de Julio de 2016 | 06:04 | Emol
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Contralor, Jorge Bermúdez, abrió un sumario ara determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Un sumario interno ordenó abrir el contralor Jorge Bermúdez para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los actos por los que se aprobaron aquellas pensiones de retiro de funcionarios de Gendarmería concedidas por Dipreca (Dirección de Previsión de Gendarmería, Carabineros y la PDI) que superaron el tope legal de 60 UF ($1,5 millones).

Según consigna "El Mercurio", la decisión se adoptó el 13 de junio último, cuatro días después de que, mediante el dictamen N° 42.701, Contraloría fijara en esa cifra el tope legal para el cálculo de estas jubilaciones.

Para precisar el alcance de este nuevo criterio, el propio Bermúdez afirmó ante la comisión de Seguridad de la Cámara, la semana siguiente, que el hecho de que la Contraloría haya rechazado "por ilegales" pensiones que incumplían el límite establecido, no solo constituye una aplicación estricta de la ley vigente, sino que también demostró que la Contraloría cumplió el rol para el cual está mandatada: "resguardar el patrimonio público", dijo en esa oportunidad.

Sin embargo, de 2014 a la fecha, unos 200 funcionarios de Gendarmería han recibido pensiones por sobre el tope legal. Entre los casos conocidos públicamente en la última semana, se encuentra el de Myriam Olate, ex subdirectora técnica de Gendarmería y esposa del diputado PS Osvaldo Andrade. La periodista recibe mensualmente $5,2 millones.

La toma de razón de estas jubilaciones las realizó un funcionario de la Contraloría delegado para esta tarea. Ello ocurre, al menos, desde la década de 1990. Pero el sumario solo debiese abarcar los últimos cuatro años, dado que la responsabilidad administrativa se extingue en ese plazo.

Dipreca prepara aclaración


Dipreca, en concordancia con el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Gendarmería, presentó el 2 de mayo a Contraloría una solicitud de aclaración y reconsideración del criterio que incide en el monto máximo de pensiones del personal de Gendarmería y de Dipreca adscritos al DFL N° 2 de 1968. Contraloría respondió, pero Dipreca contestó a su vez que no estaba de acuerdo con la interpretación de Contraloría, no obstante acataba el dictamen.

Entre las razones que expuso, argumentó que "en parte alguna de la Ley N° 20.735, último texto legal que ha modificado este sistema previsional establecido por los DFL 1 y 2, ambos de 1968, se expresa alguna limitación o tope imponible. Considérese para la importancia de este argumento el hecho de que el DFL N° 2 de 1968 (I) tiene el carácter de Orgánica Constitucional, por lo que es impensable como técnica legislativa que una ley simple, como lo es la Ley N° 19.200, pudiera haber modificado ese texto legal".

Ya que Contraloría desestimó las solicitudes de reconsideración, y mantuvo la aplicación del límite de imponibilidad con fecha 9 de junio, ordenando que se procediera calculando los montos de las pensiones con el tope de 60 UF, Dipreca está ejecutando el dictamen.

Pero, además, se encuentra preparando una aclaración a la Contraloría General sobre el destino de las cotizaciones previsionales erogadas por sobre el tope de 60 UF por los funcionarios de Gendarmería, y de qué manera y en qué componentes se deberá rebajar para ajustar el monto de las pensiones de retiro al tope de las 60 UF, en relación a la escala única de sueldos y a los distintos beneficios remuneratorios que sirven de base para el cálculo de las mismas.

Faltó certificado


Asimismo, el organismo previsional precisó la bitácora que siguieron los procesos de la ex directora técnica Myriam Olate y la jefa del Departamento 5º de Gendarmería, Paula Espinoza, quienes supuestamente habían presentado sus papeles de retiro en la misma fecha y, sin embargo, habían recibido una pensión con tope y otra sin tope.

De partida, ninguno de los expedientes ingresó durante el período del ex contralor Ramiro Mendoza. Y luego la tramitación de Espinoza se retrasó, porque la ex funcionaria no presentó su título de abogada, sino que de asistente social, que no era compatible con la norma. Ello retrasó su proceso, y llegó a toma de razón cuando el nuevo contralor había emitido su dictamen fijando tope.
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