La Red G9 incluye a las universidades católicas, U. Austral, U. de Concepción y U. Santa María.
Redg9.cl
SANTIAGO.- "Abogamos por una reforma inclusiva", declaró la Red de Universidades Públicas No Estatales (G9), en un comunicado dado a conocer este domingo, en el que detallaron su malestar con el proyecto de reforma de educación superior, cuyo contenido, aseguraron, no reconoce la "innegable contribución" de estas instituciones.
Recordemos que durante la semana, el Ejecutivo dio a conocer una nueva minuta en la que se entregaron más detalles sobre el proyecto, explicando que dos años después de que se apruebe la reforma, se creará un fondo concursable para la investigación para todas las instituciones que tengan gratuidad. Pero este fondo será abastecido por lo que hoy se conoce como Aporte Fiscal Directo, el que actualmente reciben por ley las universidades estatales y las del G9 (red en las que se encuentran las universidades católicas, U. Austral, U. de Concepción y U. Santa María).
En este contexto, el comunicado de este domingo recordó varios datos del aporte educacional de las universidades G9: educan a más de 140 mil estudiantes (casi 45 mil de ellos beneficiados con la nueva política de gratuidad); cada año gradúan a más de 20 mil profesionales, magísteres y doctores y en cuanto a las investigaciones, registran el 52% de las publicaciones indexadas y el 50% de los proyectos concursables del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCh), además de contar con 200 proyectos colaborativos con las universidades estatales.
Pero tal como indicaron, "esta innegable contribución no se reconoce en el proyecto de ley presentado". Según los puntos de descontento descritos, indicaron: "no se considera la naturaleza pública de nuestras universidades, a pesar de estar reconocidas en la legislación desde 1927", "se genera una clara discriminación entre instituciones que cumplen similar función" y "se minimiza la contribución del CRUCh".
"Nos preocupa que no se valore ni se explicite un apoyo a la diversidad del sistema, el cual siempre debe priorizar la calidad; otorgar un trato equitativo a todas las universidades públicas, sean estatales o no estatales; propiciar un financiamiento de acuerdo a la envergadura del aporte público que genera cada institución; e impulsar un desarrollo territorial y regional equilibrado", agregaron.
Y en cuanto al tema específico de los aportes, señalaron que "la eliminación, en un plazo de cinco años, de los fondos basales que han recibido por más de 80 años nuestras universidades, es ignorar su aporte pasado y presente, y significa inevitablemente un deterioro en sus proyectos educativos y proyección futura".
Ante esto, solicitaron a parlamentarios y "particularmente, a los representantes de las regiones en que están insertas las instituciones de la Red G9" a considerar sus planteamientos.
