Alex Moreno, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- El arribo de Jorge Bermúdez a Contraloría trajo consigo el dictamen N°42.701, de 9 de junio último, que impuso un límite de imponibilidad a las pensiones concedidas por Dipreca a funcionarios de Gendarmería, asimilándolas a las de otros empleados públicos: no podría excederse el tope de 60UF.
Dos semanas después expuso las razones de su decisión ante la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y entregó una serie de antecedentes que permiten comparar, en cifras, este sistema de reparto con el de las AFP.
Según consigna
"El Mercurio", antes de aplicarse el "criterio Bermúdez" -que recogió jurisprudencia de la propia Contraloría, de 1995 y 1998- la pensión promedio en Gendarmería era de $1 millón 100 mil, mientras que la que tocó en 2015 a la mayoría de los ciudadanos bajo el sistema de AFPs solo alcanzaba los $210 mil. La diferencia entre una y otra era de prácticamente un 80% ($900 mil).
En los máximos, si bien la brecha se acorta (33%), los montos siguen siendo muy dispares: $5 millones 644 mil 590 en la institución penitenciaria versus $1 millón 864 mil 200 en AFPs. La separación era de unos $3,7 millones. Y, al considerarse los rangos mínimos, la situación no varía demasiado.
También entregó el contralor, en esa sesión de 22 de junio último, datos previsionales de Carabineros y de aquellas personas adscritas al sistema del Instituto de Previsión Social (IPS).
De esas cifras puede concluirse que las jubilaciones más altas, por un amplio margen y en todas las hipótesis -de "máximo", "promedio" y "mínimo"- eran las de la institución penitenciaria.
A esta información, Bermúdez agregó otro dato relevante: el aporte fiscal a las pensiones concedidas por Dipreca en miles de pesos, según la ley de Presupuesto 2016, representa el 76% del total, es decir, poco más de $538 mil millones.
Para algunos abogados, especialistas en derecho público, el régimen que permite la asignación de este tipo de pensiones, dado su componente fiscal, podría tener problemas de constitucionalidad ( ver nota relacionada ). Otros piensan que están ajustadas a la ley, pero que los "actos previos" a la obtención de la jubilación son clave si se las quisiera impugnar; por ejemplo, determinar si se actuó de mala fe aumentando ficticiamente la remuneración en el período justamente anterior al retiro de la institución.
Sumarios en curso
El tema de las cajas de reparto solidario, como Dipreca, ha estado en el debate público luego que se conocieran las elevadas pensiones que reciben la planta directiva y otros altos rangos al retirarse de la institución penitenciaria. Uno de los casos que ha causado mayor impacto es el de la ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade, Myriam Olate, quien como ex subdirectora técnica percibe $5.214.799.
Para hacer frente a esta situación -y al eventual relajo de medidas de seguridad para la custodia de internos- el Ministerio de Justicia dispuso el viernes una auditoría y un sumario. Hoy el fiscal ad hoc designado para esta tarea, Ciro Cornejo, se constituirá en la Dirección Nacional de Gendarmería.
Al interior de Contraloría, en tanto, desde el 13 de junio que se instruye una investigación interna para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en las toma de razón -o aprobaciones- de pensiones superiores al tope legal. Este sumario del órgano contralor abarcaría los últimos cuatro años, dado que ese es el plazo de prescripción de la responsabilidad administrativa.
