SANTIAGO.- Sesenta días. Ese es el plazo que tienen los funcionarios que realizan los sumarios para aclarar si las altas pensiones detectadas en Gendarmería, como la de Myriam Olate, ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados Osvaldo Andrade, son ilícitas.
Así lo manifestó este martes la ministra de Justicia Javiera Blanco, quien se reunió con los diputados de la llamada "bancada transversal por la seguridad ciudadana", para tratar el tema.
"Hemos instruido sumarios acotados en el tiempo. No queremos investigaciones de 200 o 300 días. Queremos un sumario rápido, que nos permita establecer si en el cálculo de las pensiones, si para solicitar una jubilación se puede haber generado una figura legal que no corresponde", sostuvo.
Blanco añadió que las comisiones fiscalizadoras deberán determinar si es que hubo abultamiento de manera irregular de las pensiones.
También reveló que el subsecretario de Justicia Ignacio Suárez, ofició a Gendarmería para que informe si las asignaciones corresponden a criterios objetivos y no hayan sido entregados arbitrariamente.
Traspaso a Interior
En tanto, los diputados de la bancada transversal, Gonzalo Fuenzalida (RN), Claudia Nogueira (UDI), Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silber (DC), propusieron a la ministra Blanco que Gendarmería sea traspasada al ministerio del Interior, así como la creación de una ley orgánica que la regule.
"Saludamos la iniciativa de los parlamentarios Con el ministro de hacienda vamos a analizar esta propuesta, así como todas las que nos hagan llegar los diputados, porque nos parece que este es un desafío de Estado, así que es una muy buena señal", manifestó la ministra.
El parlamentario Fuenzalida expresó que “la crisis que hoy vive Gendarmería, que también es una oportunidad. Nosotros creemos que es un tiempo en que tenemos que trabajar en cambios. Es una institución que tiene que tener una ley orgánica y un sistema de pensiones igual que los que tienen otras instituciones de seguridad".
El legislador añadió que para lo anterior “debemos trabajar con junto a la institución en reformas que la beneficien, pero que por otro lado establezcan un marco de igualdad con las instituciones que también trabajan en la seguridad ciudadana como Carabineros e Investigaciones”.
Por su parte, el diputado Gabriel Silber sostuvo que hace falta una "política de Estado que pinga coto de manera definitiva a la situación por la que atraviesa un servicio importante para los chilenos".
A su juicio Gendarmería “merece ser profesionalizado al máximo y también evitar que sea contaminado por la contingencia y por el gobierno político de turno".
"Esperamos que haya un trabajo en conjunto en una política pública que profesionalice a gendarmería en forma simétrica a otras ramas de las Fuerzas Armadas. En este punto es bueno trabajar en el cambio sectorial y en una ley orgánica", afirmó.
Silber descartó que si es que ocurren esos cambios, ocurra la eliminación de las asociaciones de funcionarios y dijo estar dispuesto a trabajar en una comisión investigadora en el caso de que ésta se forme.
Estigmatización
Mientras que Claudia Nogueira, llamó a no "estigmatizar a toda la institución por la acción de unos pocos que tuvieron conductas puntuales".
"Nos parecen muy bien las medidas que tomó el Gobierno para verificar si es que las pensiones fueron abultadas. Se están tomando las medidas necesarias para terminar con esta crisis importante", añadió.
El parlamentario Farcas, por su parte coincidió con Nogueira, al señalar que "el porcentaje mayoritario de los funcionarios de Gendarmería realiza una labor compleja, difícil y con mucho sacrificio, lo que se ha visto empañado".
"Nos parece que tal como lo hace Carabineros y la PDI, Gendarmería es un eje de la seguridad ciudadana", manifestó.
