SANTIAGO.- En octubre de 2005, 14 meses antes de que comenzara a operar el Transantiago, en las calles de la ciudad hicieron su debut los buses articulados, una de las mayores innovaciones del nuevo sistema.
Con 18 metros de largo y una capacidad de 160 pasajeros, permitían transportar más usuarios que las antiguas micros amarillas, pero en no pocos casos se toparon con una infraestructura vial que no estaba ideada por su tamaño.
Actualmente, 1.381 buses articulados forman parte de la flota del sistema, 71 menos que en 2005. Además hay otros 25 incluidos en la flota de reserva.
Según el Directorio de Transporte Publico Metropolitano, el retiro de estos depende de cuando finalizan su vida útil, una vez que cumplen la antigüedad designada y que está dada por el tipo de motor: a mayor tecnología no contaminante, mayor cantidad de años pueden circular.
"En el caso de los buses con motor diésel es a los 12 años o una vez que superen el millón de kilómetros", explicaron desde la DTPM.
Por lo mismo, parte del debate de la futura licitación que se iniciará el próximo año es sobre le necesidad, o no, de mantener este tipo de modelos o cambiarlo por buses convencionales.
"El sistema de transporte requiere de buses de alta capacidad, por lo mismo para las próximas licitaciones estamos observando y analizando distintas tipologías y tecnologías. Actualmente, se barajan distintas opciones como buses de 15 metros u otras, pero la tipología que se adopte dependerá del tipo de recorridos y operación de servicio", detallaron desde el DTPM.
La mantención
Aunque la autoridad recalcó que actualmente "los buses articulados son muy importantes en sectores con alta demanda" y que "han cumplido con la función para la que fueron diseñados", subrayó que la mantención es clave.
"Eso tiene relación con la empresa que los opera y no con el modelo en sí", agregó.
Actualmente el plan de mantención anual de buses exige a cada empresa la revisión periódica de su flota, lo cual es verificado por el DTPM mensualmente. En caso de que no realice, se aplica una multa que va desde 1 a 5 UF por cada bus sin su correspondiente certificación.
Además de lo anterior, la autoridad fiscaliza las condiciones técnicas y de seguridad de los buses que se desplazan por la capital, siendo cada bus controlado, en promedio, cuatro veces por año.
