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Mineduc trabaja en propuesta para cambiar financiamiento de escuelas, aunque sin adicionar recursos

Así lo indicó la ministra Adriana Delpiano, quien afirmó que "el Ejecutivo también quiere cambiar el financiamiento" de los colegios públicos, luego de que la Cámara aprobara una indicación de Camila Vallejo, que sería inconstitucional.

14 de Julio de 2016 | 12:23 | Emol
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La ministra Delpiano indicó que cuando tengan una propuesta concreta, la discutirán con el Ministerio de Hacienda y los parlamentarios.

El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Tras la complicación que generó en el Gobierno la aprobación en la Cámara de Diputados de una indicación de Camila Vallejo (PC) que modifica el sistema de financiamiento de los colegios públicos, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, aclaró que el Ejecutivo también es partidario de cambiar el actual mecanismo, aunque con los mismos recursos que ya se tienen considerados.

"Yo quiero ser muy clara, el Ejecutivo también quiere que podamos tener la posibilidad de cambiar el financiamiento que hoy es sólo por asistencia, a una manera distinta", afirmó la ministra, tras participar en una actividad con la Presidenta Michelle Bachelet.

La secretaria de Estado explicó que el proyecto de Nueva Educación Pública –que ayer se aprobó en la Cámara en su primer trámite– ya incluye algunos cambios en el financiamiento, ya que, por ejemplo, garantiza el pago de los sueldos de los profesores y los gastos básicos de mantención de los colegios.

Pese a ello –y aunque recordó que esto no estaba comprometido en este proyecto de ley–, dijo que "tenemos un equipo trabajando en la Subsecretaría para ver si es posible, con los mismos recursos, repartirlo en forma más justa, incorporar variables diferentes".

Indicó que "cuando tengamos una propuesta concreta, la discutiremos con el Ministerio de Hacienda y con los parlamentarios".

La indicación que fue aprobada ayer por los diputados de la Nueva Mayoría establece que el Ejecutivo, en el primer semestre de 2017, debe enviar un proyecto de ley que reemplace el actual sistema de financiamiento –que se basa en la subvención por asistencia–, por uno que considere otros factores, como la matrícula, las remuneraciones de los trabajadores, las características de los estudiantes, infraestructura y la ubicación geográfica, entre otros.

Sin embargo, esta norma sería inconstitucional, ya que sólo es facultad del Ejecutivo, y no del Legislativo, introducir iniciativas que impliquen cambios en el financiamiento.
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