SANTIAGO.- Las relaciones entre el SII y la fiscalía a propósito de los casos por financiamiento ilegal de la política, Penta y SQM, siempre han sido difíciles.
La mayoría de las veces la tensión se ha dado porque estos últimos han emplazado al ente fiscalizador para que se querelle, por la exclusividad que tienen de ejercer la acción penal en delitos tributarios y aduaneros. Sin embargo, esta vez fue el ente fiscalizador el que tomó la palabra y pidió explicaciones.
Según consigna
"El Mercurio", a través de diez oficios dirigidos a siete fiscalías regionales pidieron respuestas ante causas en que ellos han presentado querella, pero el Ministerio Público no ha formalizado, estudia una salida alternativa poco beneficiosa o simplemente no ha hecho nada.
Si bien se abarcan varias causas -con factor común un perjuicio superior a los $1.000 millones-, el SII hace hincapié en situaciones advertidas en los casos de platas políticas. "Es del caso hacer presente que en los casos denominados Penta y Soquimich, existe una gran cantidad de personas respecto de las cuales este servicio ha deducido querellas, no obstante lo cual el Ministerio Público no ha formalizado la investigación", dice el oficio.
Imputación sin querella
Junto con esto el documento, firmado por el director Fernando Barraza, advierte que en el caso SQM, "no obstante haberse presentado una importante cantidad de querellas, el fiscal ha decidido formalizar casi exclusivamente a personas respecto de las cuales no se ha ejercido la correspondiente acción penal".
En ese sentido, según ha explicado tras las audiencias, el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, a ellos la denuncia de abril del 2015 del SII los habilita para comunicar cargos y así se estableció -por ejemplo- en la imputación por delitos tributarios al ex senador UDI Pablo Longueira. En dicha oportunidad, los abogados del organismo pidieron abandonar la sala ante la inexistencia de una acción a su respecto, lo que los inhabilitaba para participar de esa audiencia.
Hay causas también de la Fiscalía Centro Norte, de Ovalle, Vallenar, Valparaíso y Coronel. Respecto a esta última el SII sostuvo que la fiscalía no ha siquiera dado curso a las diligencias que han solicitado.
El listado
En los casos Penta y SQM se da cuenta de un listado. En el primero de ellos se da cuenta que existe querella contra las esposas de los controladores del holding, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, además de cinco hijos de este último y la contadora de la empresa Dora Pérez. También se menciona a la dueña de Vox Comunicaciones, Gabrielle Lothholz, (vinculada a facturas de Laurence Golborne), el empresario José Manuel Cruzat, entre otros.
En el caso SQM, en tanto, el SII refiere que existe querella contra la secretaria de la UDI Marisol Cavieres, su esposo y la empresa de Sebastián Pizarro. Contra estos últimos, el equipo SQM ya accionó peticiones de formalización.
Sin embargo, se menciona que pese a tener querellas con un alto perjuicio fiscal no se ha decidido aún imputar el caso que involucra a Consultores de Administración Asociados, que emitió 44 facturas a la minera no metálica por $464,4 millones. Ni tampoco al representante legal de Cristian Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing, de propiedad del ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami.
O el caso de representantes de Inversiones Invercob. Esta empresa, según el SII, emitió nueve facturas a SQM por un total de $91,6 millones. Esta firma ha aparecido vinculada a Andrés Allamand (RN). Sin embargo, desde la oficina del senador aclararon en abril de 2015 -cuando una denuncia del SII ya la mencionaba- que no tiene participación en esa sociedad desde hace 20 años.
También figura el Centro de Investigaciones Sociales de Chile, creada en 2004 por el analista político Gonzalo Müller y la Corporación de Asuntos Públicos, ligada a la UDI.
Al interior de la fiscalía este emplazamiento no ha caído nada de bien, según comentan fuentes consultadas. Pese a no querer referirse oficialmente, dicen que es impertinente que un querellante se involucre en la facultad de formalización que por ley es del fiscal y nadie más.
