SANTIAGO.- La Presidenta Michelle Bachelet recibió este lunes el informe elaborado por la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual entre sus principales medidas destaca la necesidad de otorgar más mecanismos de participación a la ciudadanía.
El documento, que consta de 480 páginas, recoge más de nueve meses de trabajo y debate sobre las opciones para mejorar el instrumento, que se encuentra operativo desde hace 18 años. En esa línea, el objetivo de la comisión era proponer ideas para adecuarlo a los cambios socioculturales y económicos que ha enfrentado el país.
En ese contexto, los expertos propusieron la creación de un mecanismo de evaluación especial para proyectos considerados estratégicos, la ampliación de las instancias de participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental y la generación de un procedimiento de relacionamiento temprano entre titulares de proyectos y comunidades.
Esta última idea apunta a que las partes involucradas se conozcan, transparenten sus posiciones y se contribuya a nivelar la asimetría de acceso a la información relacionada al desarrollo del proyecto. Este relacionamiento será voluntario, pero si el titular de un proyecto expresa su decisión de participar, su aplicación será obligatoria.
En cuanto a los procesos de participación ciudadana, la comisión incluye una serie de alternativas como la extensión de las instancias para observaciones ciudadanas hasta apoyos de asistencia técnica en el proceso.
Asimismo, el informe considera entre sus sugerencias la mantención del comité de ministros como la instancia superior del SEIA para la resolución de las reclamaciones a los Estudios de Impacto Ambiental, fortaleciendo su funcionamiento con la creación de una secretaria técnica y un panel de expertos para solicitar informes.
Tras recibir el trabajo, la Mandataria destacó que el SEIA es el principal instrumento que Chile tiene para preservar sus recursos naturales y su patrimonio y la manera para establecer reglas para que los proyectos industriales y las comunidades puedan convivir en el mismo territorio y asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas.
Por ello, subrayó que "ahora corresponde ver la factibilidad de hacer una pronta ejecución de estas propuestas, porque queremos alcanzar dos objetivos: que los procesos de evaluación sean más simples y expeditos y dar certeza a todos los actores de poder confiar en que sus intereses son debidamente tomados en cuenta".
"Era necesario actualizar este sistema, porque las realidades cambian, también las necesidades industriales de nuestra economía, como también la fragilización de nuestro entorno natural y la legitima demanda de participación de los ciudadanos", añadió.
